La respuesta de la presidenta Sheinbaum a la solicitud de extradición del gobernador y un senador de Sinaloa, del alcalde de Culiacán y otros siete funcionarios de la administración de Rubén Rocha Moya ha sido muy reveladora de la miopía o ceguera de la 4T.
La reacción inicial fue negarse con argumentos legales y políticos insostenibles y sin autoridad moral: solicitar evidencias judiciales cuando no es el momento ni el lugar para solicitarlas; además hacerlo cuando su gobierno ha violado sistemáticamente el tratado de extradición y ha expulsado del país a 93 delincuentes con base en la Ley de Seguridad Nacional (que en ninguna parte autoriza ese tipo de actos) y faculta a la UIF para congelar cuentas solo con la sospecha; apelar a la soberanía por una injerencia que no es (solicitar la extradición de criminales en un acto de colaboración que se da con base en el tratado firmado por los dos países).
La segunda reacción: irse de gira a Palenque (mensaje terrible de que comparte su poder) y ordenar la licencia del gobernador con el mensaje de que está dispuesto a presentarse ante las autoridades mexicanas. Es un claro intento de control de daños, pero con un mensaje poco creíble a EU y a los mexicanos: los acusados a lo mejor tienen algún vínculo, pero los investigaremos y juzgaremos solo nosotros con nuestras instituciones (FGR y SCJN del Bienestar) que antes ya los exoneraron.
Frente al momento crucial –la exposición pública e internacional de la podredumbre de muchos gobiernos morenistas— y la oportunidad de rectificar a fondo el camino, de depurar a su partido y reemprender su proyecto desde una base política y ética más sólida, la jefa del Estado mexicano ha decidido proteger a su movimiento político y a su verdadero y único líder antes que al país. El problema es que ese intento de minimizar daños lo hace arrinconada en un callejón sin salida, sin autoridad moral y con el agravante de que quien nos acosa es el presidente de EU más antimexicano de la historia, que se jacta de no tener ningún tipo de escrúpulos éticos o legales.
Si la Casa Blanca acepta esa respuesta y detiene las siguientes solicitudes de extradición no habrá duda de que ambos gobiernos habrán llegado a un acuerdo secreto absolutamente inconfesable, que puede ir desde concesiones en materia comercial (T-MEC) y energética (fracking, pero solo con empresas estadounidenses) hasta el poder de veto en la designación de los candidatos de Morena a las gubernaturas de los estados con narcogobiernos y no sé qué otras cosas. Suelte su imaginación sobre los verdaderos intereses geopolíticos y empresariales de Trump y su gabinete.
En Venezuela, hubo un despliegue espectacular del poderío militar y tecnológico de EU para secuestrar a su presidente y someter brutalmente a su régimen. ¿En México será suficiente una solicitud de extradición de 10 políticos de cuarta categoría para lograr el mismo resultado? De ese tamaño es la vulnerabilidad en que dejó López Obrador a México.
Si así ocurre, la 4T, vía dos gobiernos suyos, habrá sido la perpetradora de una violación masiva a la soberanía nacional a cambio del mantenimiento del pacto de impunidad para Morena y su modelo de gobierno, fundado en la asociación con las organizaciones criminales y empresas criminales, como el huachicol fiscal. En el Congreso de Morena celebrado ayer, con su casa incendiándose, ninguna palabra al respecto. ¿Habrá en la 4T algún político o funcionario sensato y con un poco de objetividad que discrepe sobre el despeñadero al que llevan al país? ¿Hay algún morenista preocupado, uno solo al menos?
Y termino con un apunte sobra la ausencia de política de seguridad nacional. La respuesta del gobierno a este tema revela que no tenían escenarios de riesgos ni una estrategia de respuesta sobre la probabilidad de ocurrencia ni la magnitud de los daños. Palos de ciego improvisados sobre la marcha con consecuencias terribles para el país. De verdad quisiera estar equivocado.
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