En el último informe sobre el Estado de derecho realizado por la organización World Justice Project, México obtuvo una puntuación de 0.31 (en una escala de 0 a 1, en la que cuanto más cerca de cero, peor es el resultado, y cuanto más cerca de 1, mejor). Con ello, mantuvo la tendencia a la baja de los últimos años y se ubicó en el lugar 125 de los 143 países estudiados. Cayó cuatro posiciones en el último año, reflejo del grave deterioro que experimenta nuestro país. Hace 11 años, cuando se elaboró este índice por primera vez, México obtuvo una puntuación de 0.48 y ocupó el lugar 69 entre los 102 países considerados. Hoy, México sigue retrocediendo, tanto respecto de sí mismo como del resto del mundo.
Además de esta información, que ha sido motivo de comentarios y editoriales en los últimos días, vale la pena destacar otro aspecto del reporte que llama la atención y parece aportar evidencia del posible contubernio entre el gobierno y el crimen organizado. El primer factor del índice general se refiere a las «restricciones al poder gubernamental». Dentro de este factor, el subíndice 1.4 mide lo que el informe denomina «funcionarios públicos sancionados por actuaciones ilegales o reprobables» (misconduct). Este indicador mide hasta qué punto los funcionarios públicos están sujetos a la ley y rinden cuentas a la ciudadanía.
Históricamente, México ha obtenido una valoración especialmente baja en este rubro: 0.29 en 2015, cuando se inició la medición del Estado de derecho. Desde entonces, el indicador no sólo se ha mantenido muy bajo sino ha caído casi sin interrupción –salvo un año–, hasta registrar un deterioro considerable en 2026. Su puntuación este año es de apenas 0.23, lo que coloca a México en el lugar 136 de 143 países –mucho peor que Afganistán, República del Congo, Irán, y un larguísimo etcétera. Está en la cola de la cola. Prácticamente todos los 39 países que se incorporaron a la medición desde 2015 han quedado por encima de México.
Es una vergüenza, pero, más que eso, es evidencia que corrobora la existencia de una condición clave para que pueda haber complicidad entre el gobierno y el crimen organizado; es decir, para que podamos hablar de evidencia de narcogobierno. Cuando los altos funcionarios públicos y los políticos no tienen que rendir cuentas por sus actos delictivos, ni siquiera son perseguidos, se crean las condiciones para que la relación entre el poder político y el crimen se mantenga, perdure y se fortalezca. La política de «abrazos, no balazos» de López Obrador, dirigida a los miembros del crimen organizado, tiene una contrapartida en el ámbito del poder público: «abrazos y no persecución a los políticos y altos funcionarios» que delincan, sean cómplices o se involucren con las organizaciones criminales. Con López Obrador no se atacaba ni a los cárteles ni tampoco a quienes se beneficiaban de su relación con ellos. Con Sheinbaum hay más acciones contra el crimen organizado, pero continúa la protección al círculo cercano del poder y a funcionarios de alto nivel presuntamente vinculados con las organizaciones delictivas. Si acaso, se emprenden acciones puntuales contra algunos funcionarios de menor rango, a quienes se atribuye el liderazgo de actividades criminales.
Los ejemplos de esta situación son numerosos y siguen apareciendo nuevos episodios casi a diario. La presidenta Sheinbaum sigue protegiendo al exgobernador Rocha Moya y al senador Inzunza, al exsecretario de Marina Ojeda, a los hijos del expresidente López Obrador y a varios gobernadores y exgobernadores señalados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Recientemente, también han salido a la luz presuntas relaciones entre la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y un cártel criminal. No es casual, entonces, que el World Justice Project documente un deterioro tan profundo en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos en México. El indicador no demuestra por sí mismo la existencia de complicidad entre el poder político y el crimen organizado, pero sí revela una condición que la hace posible: la ausencia de consecuencias efectivas para quienes, desde el poder, incurren en conductas ilegales o reprobables. Cuando los altos funcionarios y los políticos pueden actuar al margen de la ley sin ser investigados ni sancionados, la impunidad deja de ser una falla del sistema y se convierte en un mecanismo de protección del poder. Es ahí donde los rasgos de narcogobierno adquieren su mayor gravedad.
Recomendar Nota
