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Información para decidir con libertad

Menos información para gobernar, más para someter

En mi última columna en La Aurora mencionaba el problema de acceso a la información pública, al hecho de que cada vez contamos con menos datos fidedignos para saber lo que ocurre, y cómo ello está emparentado con el ímpetu censor que ha mostrado el gobierno. La presentación del gobierno de las “listas” de medios y personas opositoras en la mañanera cierra la pinza en esta voluntad de restringir las voces disidentes.

Resulta muy oportuno el nuevo reporte de Signos Vitales que, junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presentamos ayer a la opinión pública. El informe “El deterioro de la información pública en México” corrobora esta tendencia de los gobiernos de la 4T. Cada vez tenemos menos información relevante que debería producir el gobierno, cada vez tenemos menos acceso real a la información pública que sí se llega a producir, cada vez tenemos más obligaciones como ciudadanos de entregar al gobierno nuestra información personal.

Como señala el reporte, “la desaparición, debilitamiento o transformación de organismos especializados, la pérdida de bases de datos, la reducción de mecanismos de transparencia y la creciente dificultad para acceder a información oficial, representan un desafío que trasciende el ámbito técnico. Se trata de un fenómeno con profundas implicaciones para la calidad de las decisiones públicas, la rendición de cuentas y el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía… La evidencia indica que, cuando estos elementos se debilitan, no solamente se reduce la transparencia, de igual forma disminuye la capacidad para identificar problemas, corregir políticas públicas y construir soluciones con base en evidencia”.

Los datos que presenta el informe son contundentes y dan una idea del deterioro que ha ocurrido. Por ejemplo:

  • El portal datos.gob.mx pasó de 12 mil 570 bases en 2023 a 6 mil 920 en 2026, una reducción de 44.9%. Algunas de estas bases de datos dejaron de ser información de interés nacional y el INEGI ha dejado de levantar diversas encuestas que proveen información relevante. Por ejemplo, cuál es el tamaño real de la crisis del consumo de opioides sintéticos en México, o cuáles son los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia/delincuencia que afectan el desarrollo de los jóvenes (12-29 años).
  • Del organismo que sustituyó al Inai, 99.6% de las primeras 2 mil 253 inconformidades recibidas fueron clasificadas como improcedentes. El sistema garante quedó pulverizado y en innumerables ocasiones hay un problema de ser “juez y parte”: quien es responsable de garantizar el derecho al ciudadano es el mismo quien tiene la atribución de generar la información. Resulta obvio que desde 2019 se dejó de levantar la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
  • Entre 2019 y 2025 se concedieron órdenes para acceder a datos de usuarios, disparándose en 133.2%, y más de 57% se ejecutó sin control judicial previo. En enero de 2026 un ataque cibernético filtró datos de entre 36 y 36.5 millones de mexicanos, días después de que Telcel expusiera identidades de usuarios. La vulnerabilidad de los datos personales ha quedado de manifiesto y su seguridad comprometida. De todos modos, el gobierno insiste en tener más información de los ciudadanos.

La destrucción institucional de organismos como el Inai, el Coneval, el INEE y varios otros han sellado no sólo el cambio de política, sino también la transformación del régimen político. La garantía de expresarse libremente sin riesgo a la integridad o a represalias de cualquier tipo ha desaparecido y el régimen, que de por sí no escucha ni tolera otras ideas para mejorar al país, pretende llegar más allá. La publicación de listas de medios y personas que estigmatizan como opositoras cruza una línea roja inadmisible. La oscuridad de lo que ocurre, la imposibilidad de expresarse libremente y la persecución (a veces pasivamente) de aquellos que opinan y argumentan distinto es una realidad del nuevo régimen político en el que vivimos. Se trata de una receta que han seguido regímenes autoritarios y que algunos, al eliminar cualquier contrapeso como la independencia del Poder Judicial o del árbitro electoral, se han convertido en totalitarios. Por ahí andamos.

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