Hace tiempo, un compañero de clase, preocupado por el aumento de los divorcios, me planteaba una solución: que cuando alguien quisiera divorciarse, por ley fuera muy caro hacerlo, para que lo pensaran dos veces. Es un buen ejemplo de una mala solución por muchas razones, pero una importante es que podría resultar contraproducente: si divorciarse fuera todavía más caro, algunas personas lo pensarían dos veces, pero antes de casarse. Habría menos matrimonios y, por tanto, más parejas quedarían fuera de las protecciones legales que ofrece el matrimonio. Afortunadamente, ningún político le hizo caso a mi compañero. Pero una lógica parecida sí ha permeado en otros ámbitos.Con el fin de proteger el empleo, muchas veces hemos hecho muy caro contratar a alguien. Desde el punto de vista del empleado, yo soy uno de ellos, mientras más protección y mejores prestaciones tengamos, incluyendo una buena pensión, mejor. Sólo que surge un problema: mientras más caro sea contratar legalmente a un trabajador, habrá empresas con menos incentivos para hacerlo. Algunas contratarán “por fuera”, sin prestaciones; otras recurrirán a contratos temporales o por honorarios, como suele hacer el propio gobierno, para que terminar la relación laboral resulte más sencillo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina los costos no salariales de formalizar a un trabajador equivalen a 60% del salario de un trabajador sin prestaciones.
El resultado puede ser paradójico: queriendo proteger a los trabajadores formales, dejamos a millones de trabajadores fuera de esa protección. México es un buen ejemplo. De los 60 millones de personas ocupadas, 33 millones trabajan en la informalidad, aproximadamente 55%: sin prestaciones de ley y, en no pocos casos, hasta sin contrato.
¿Hay solución a este dilema? ¿Podemos hacer menos costoso contratar formalmente y, al mismo tiempo, proteger mejor a los trabajadores? Un nuevo libro del BID, Hacer que los mercados laborales funcionen, de Carolina González-Velosa, David S. Kaplan, Auri Minaya y María Teresa Silva-Porto, sostiene que sí. Su propuesta se basa en que debemos proteger más al trabajador y no necesariamente al puesto de trabajo.
Por ejemplo, en vez de concentrar la protección en hacer costoso el despido, podemos generar y fortalecer el seguro de desempleo, los servicios de colocación y la capacitación para que quien pierda un empleo tenga ingresos mientras encuentra otro y mejores posibilidades de conseguirlo.
Otra propuesta es revisar cómo financiamos la seguridad social. No todo debería cargarse a la contratación formal, como lo ha dicho Santiago Levy hace mucho. El BID propone que protecciones como servicios de salud o una pensión básica puedan financiarse con impuestos generales, mientras las contribuciones sobre la nómina se concentren en riesgos relacionados directamente con el trabajo. También propone fortalecer la educación técnica y la capacitación vinculada con las necesidades reales de las empresas, mejorar los servicios públicos de empleo y hacer más efectiva la inspección laboral.Estos cambios le darían protección a la persona y reactivarían la productividad al tener a trabajadores en puestos más similares con su capacidad. La buena política pública no consiste en ofrecer la mayor protección posible en el papel, sino en lograr que la protección llegue a más personas. De poco sirve construir un magnífico paraguas si, por su diseño, 33 millones de trabajadores terminan fuera de él.
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