Ricardo Monreal tiene un as bajo la manga que ha sido poco cuestionado y representa una salida fácil para que Morena anule elecciones que no le favorezcan: el pretexto de la intervención extrajera. Y tienen todo a su favor.
No es novedad que muchos morenistas han sido señalados por el gobierno de EU como narcopolíticos. Los escándalos recientes han golpeado severamente la imagen del partido en el poder y de todo el régimen. Lo saben, lo miden a diario. Y por más encuestas hechas a modo, la realidad de su descalabro se observa en las reacciones nerviosas de la presidenta y sus allegados, en los cambios de gabinete, y en la convocatoria urgente a sus estructuras para acarrear gente a mítines improvisados en plazas públicas en la CDMX y de las capitales del país, con una consigna: defender la soberanía nacional, responder a la oposición y a organismos extranjeros bajo el argumento de que “México no es colonia de nadie”.
Lo que Sheinbaum llama asedio es la presión creciente del aparato de poder estadounidense, que reacciona ante la expansión de los cárteles a su territorio; al tráfico de fentanilo que mata a cientos de miles de norteamericanos; a los gobiernos que fusionan política y crimen en estructuras cada vez más poderosas; a la inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión, y a los modelos sofisticados de corrupción binacional como el huachicol fiscal, donde instituciones de seguridad y actores políticos mexicanos construyeron un imperio millonario para defraudar a la propia hacienda pública.
Esto ha llevado a Trump, a funcionarios de su administración, congresistas y medios a señalar una realidad que ya no puede ocultarse: en vastas zonas del país, quien gobierna es el crimen organizado.
La gota que derramó el vaso llegó del Departamento de Justicia EU, que en un hecho inédito solicitó al gobierno de Sheinbaum la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, del senador Insunza y ocho señalados más. Las investigaciones son robustas, dos de los implicados ya se entregaron a la justicia estadounidense para negociar beneficios a cambio de información. Desde 2021, cuando ese equipo de morenistas sinaloenses llegó al poder pactando con grupos criminales, las víctimas de la narcoelección denunciaron lo ocurrido sin que ninguna autoridad mexicana investigara. Tuvo que ser la Corte Sur de Nueva York la que diera el golpe en la mesa después de investigar y llegar a la conclusión de que la narcoelección de Sinaloa le abrió paso a “Los Chapitos” para traficar toneladas de fentanilo a territorio estadounidense, por eso los implicados son requeridos para ser juzgados allá.
Monreal y Morena saben que en sus filas abundan personajes que gobiernan de la mano del crimen y que vendrán más señalamientos, acusaciones y reacciones. Por eso presentaron una iniciativa para añadir un inciso D al artículo 41 de la Constitución que dice así: "Se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales".
La redacción es deliberadamente abierta y peligrosa. Bajo ese paraguas podrían quedar la solicitud de extradición de un gobernador, una tendencia en redes sociales, una entrevista de Lilly Téllez en Fox News, una declaración de cualquier congresista republicano, la presencia de observadores electorales internacionales o el financiamiento a organizaciones civiles que analizan y publican sobre lo que sucede en México. Todo quedará sujeto al criterio de los juzgadores electorales alineados con el régimen.
Lo que la iniciativa anuncia no es una defensa de la soberanía. Es la vacuna que Morena se administra para que las investigaciones estadounidenses, denuncias, solicitudes de apoyo a organismos internacionales y los escándalos que están por venir no lo lleven a la derrota electoral.
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