La delincuencia organizada en México no es únicamente un problema de seguridad pública: es una crisis de Estado. Su impacto no se limita al incremento de homicidios o a la circulación de drogas; se manifiesta también en la extorsión cotidiana, la captura de gobiernos locales, el debilitamiento del sistema de justicia y el control territorial de regiones completas. En este contexto, la respuesta pública no puede depender de operativos esporádicos o de estrategias centradas en detenciones sin investigación sólida. En …