Guadalajara, Jal.- En estas fechas mundialistas, Guadalajara muestra dos caras al mundo. Una: la de felicidad y algarabía están reservada para las redes sociales, donde con orgullo se presume como “la ciudad con más engagement”. La otra: la que padecen quienes abren el grifo, mientras cruzan los dedos, es la del agua negra que llega a los hogares.
No es exageración. Los reportes se repiten día con día en redes sociales mostrando un líquido oscuro que sale de las tuberías en distintos puntos de la ciudad. Y mientras Guadalajara se vende como escaparate internacional, una parte de sus habitantes sigue recibiendo un líquido que difícilmente puede llamarse agua.
Esta crisis no es menor, pues desde 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, “reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. La resolución 64/292, sin embargo, es letra muerta en la también llamada Perla Tapatía.
Hace exactamente tres meses, el 23 de marzo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció no sólo un cambio en la dirección del SIAPA, el organismo que —en teoría— debe garantizar agua potable a más de cinco millones de habitantes. Ese mismo día se presentó un plan de “rescate” mediante una inyección de mil millones de pesos.
El problema es que, al tomar esa decisión, la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua (CEA) canceló obras ya programadas para alrededor de 80 municipios de Jalisco. Es decir, se apostó por una intervención central en un organismo colapsado a costa de proyectos regionales que, probablemente, ya estaban en marcha.
A eso se suma que, el año pasado, la Comisión de Tarifas del SIAPA aprobó un incremento generalizado de 9.6% en sus cobros. El Congreso del estado no sólo lo avaló, sino que lo justificó bajo el argumento de que esos recursos permitirían mejorar redes, plantas potabilizadoras e infraestructura.
El resultado, sin embargo, es todo lo contrario: hoy el servicio es más caro y peor. Tres meses después, más allá de la renuncia de su anterior director y el nombramiento del ingeniero civil Ismael Jáuregui Castañeda como nuevo titular, el organismo sigue sin mostrar cambios de fondo.
Con sus matices, la historia del SIAPA ha ido a peor: es una institución opaca, ineficiente y políticamente intervenida, porque los gobiernos la han utilizado como espacio de colocación de compadres y otros perfiles cercanos, creando una nómina inflada que poco tiene que ver con su función técnica.
Hubo incluso episodios que rozan lo absurdo: recursos públicos destinados a extender redes de tuberías hacia nuevos asentamientos que ni siquiera contaban con fuentes de abasto. Eso llevó a la cárcel a uno de sus extitulares, Rodolfo Ocampo.
Pero los años han pasado y el cinismo no ha sido menor. En esa misma dependencia se han contratado perfiles ajenos al ámbito técnico, incluida la conductora de televisión Elizabeth Castro como asesora, con un sueldo que alcanzaba los 73 mil pesos mensuales sin relación clara con la responsabilidad del cargo. No fue sino hasta que ella misma resbaló y reconoció que ni siquiera checaba tarjeta en el SIAPA cuando la hicieron renunciar.
Todo eso ha ido evaporando al SIAPA hasta dejarlo en una condición crítica. Una institución cuya función social es básica hoy no es capaz de cumplir lo elemental: entregar agua en condiciones adecuadas, mantener una red estable de alcantarillado y responder a una ciudad que se ahoga y colapsa cada vez que tres gotas caen del cielo.
En suma, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado no es sólo una dependencia enferma, sino el reflejo de una política pública que ha convertido un derecho humano en un servicio incierto, caro y cada vez más lejano. El SIAPA no está en crisis, es la crisis hecha institución.
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