La soberanía que tanto dicen defender la presidenta y el régimen obradorista tiene una característica muy extraña, peculiar: es selectiva. Se le exige solo a Washington y protege sólo a los propios.
La imagen es potente y, para algunos, inspiradora. La primera mujer en ocupar la Presidencia de México pronuncia uno de los discursos más importantes de su mandato. El Monumento a la Revolución como escenario, la explanada repleta de sus “bases”, todo el gabinete como escolta. La convocatoria tenía el pretexto de un informe en el marco del segundo aniversario de su triunfo electoral, pero la intención era otra: cuestionar, con voz firme y plaza llena, si los procesos del Departamento de Justicia de Estados Unidos son de interés legítimo por ayudar a México, o si la derecha estadounidense usa al país para posicionarse rumbo a las elecciones de noviembre de 2026 e influir en las intermedias mexicanas de 2027.
Sheinbaum dio una demostración de capacidad de acarreo, midió a sus liderazgos locales y trazó la estrategia de comunicación para los meses -quizá años- venideros. El mensaje es uno solo, la defensa de la soberanía nacional. Su voz retumbó en 31 plazas simultáneas, donde el acarreo brilló tanto como el gasto de recursos públicos.
La soberanía es selectiva porque el régimen la saca a relucir sólo cuando se trata de los suyos. No fue invocada el 27 de febrero de 2025, ni el 12 de agosto del mismo año, tampoco el 20 de enero de 2026. En esas fechas el gobierno de Sheinbaum entregó a Estados Unidos, en paquetes, a 92 personas requeridas por el mismo Departamento de Justicia al que ahora cuestiona desde el templete. Algunos de los entregados tenían juicios de amparo en curso para impedir su expulsión. El gobierno los entregó de todas formas, sin tratado formal y sin procedimiento judicial ordinario.
Queda claro que para el régimen hay delincuentes y hay nuestros delincuentes. Para los suyos exige respeto al derecho al debido proceso y pruebas, se les brinda seguridad pública y se les permite cobrar sus dietas con cargo al erario. Cuando se le cuestionó sobre aquellas entregas, Omar García Harfuch afirmó sin rubor que se había actuado “bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”. Esa soberanía flexible, extraviable, según convenga.
Volvamos al Monumento a la Revolución. La presidenta afirma que “la soberanía se ejerce en el territorio…”. El mismo territorio donde los mexicanos más pobres no tienen derecho a la propiedad, a la seguridad, ni a vivir en comunidad. La defensa de la soberanista no aparece cuando sus socios y aliados -“Los Ardillos”- expulsan a poblaciones enteras en la sierra de Guerrero. El régimen guarda silencio cómplice, quizá para no verse obligado a calificar de entreguistas a las mujeres indígenas de Chilapa que, en medio de la expulsión de sus hogares, grabaron un video pidiéndole de rodillas a Trump que enviara helicópteros. Detrás de ese video hay 76 asesinados, 25 desaparecidos y más de 800 familias desplazadas.
No hay soberanía tampoco en la meseta purépecha en Michoacán, donde la crisis de despojo y terror obligó al gobernador Alfredo Ramírez a reconocer públicamente que la región está controlada por grupos paramilitares colombianos contratados por el CJNG. Colombianos. Con drones. Quemando comunidades indígenas. Esa intervención extranjera no convocó ninguna asamblea.
¿Dónde está la soberanía que se rasga la vestiduras cuando la oposición invita a Isabel Díaz Ayuso a una gira por México, pero que se extravía cuando Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero -fundadores de Podemos- vienen de España a participar en procesos electorales y abren canales para esparcir la propaganda de los narcogobiernos de la región?
Una soberanía que solo existe en las plazas y en los discursos no protege a nadie. Pregúntenle a las mujeres de Chilapa.
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