El 7 de agosto, Turquía, Pakistán y Arabia Saudita firmaron en La Meca el Acuerdo Conjunto de Defensa. Su punto central establece que un ataque armado contra cualquiera de los tres países será considerado un ataque contra los tres. El acuerdo eleva a nivel trilateral los vínculos de defensa que Ankara, Islamabad y Riad ya mantenían por separado y crea un compromiso común de disuasión y defensa colectiva.
El momento responde a un entorno regional inestable. Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, Arabia Saudita ha enfrentado ataques de Teherán y de sus aliados hutíes desde Yemen. Eso convenció a Riad de que debía mantener el respaldo de Washington, pero también diversificar sus alianzas con otros socios capaces de aportar fuerza militar, tecnología e influencia política.
A diferencia de Emiratos Árabes Unidos, que optó por una alineación estratégica con Israel a partir de los Acuerdos de Abraham, Riad ha elegido articular un bloque defensivo alternativo dentro del mundo islámico: Pakistán —con quien firmó un acuerdo en septiembre de 2025 y que desplegó defensas aéreas, cazas y unos 8 mil efectivos tras los ataques contra infraestructura saudita— y Turquía, con su avanzada industria militar y capacidad de proyección política.
Para Pakistán, el acuerdo incrementa su capacidad militar e influencia regional. Arabia Saudita le ofrece acceso estratégico al Golfo y recursos. Turquía aporta una alianza política y militar que amplía su margen de acción regional y refuerza su posición dentro del mundo musulmán. Su condición de potencia nuclear añade a la alianza un elemento de disuasión que modifica el cálculo de cualquier adversario. También fortalece su posición frente a India, su mayor rival, sin romper con China ni cerrar sus canales con Estados Unidos e Irán.
Para Turquía, el cálculo es más ambicioso. Ankara cuenta con la garantía de defensa colectiva de la OTAN, pero busca mayor libertad para proyectar poder en Oriente Medio. El acuerdo profundiza sus vínculos con Riad e Islamabad, amplía los mercados para su industria de defensa y fortalece su posición frente a Israel e Irán.
Tampoco parece casual que, prácticamente al mismo tiempo, Hamás haya anunciado un mayor traslado de su actividad política y organizativa hacia Turquía, después de la presión ejercida por Israel y Estados Unidos sobre Qatar. El ataque israelí contra Doha demostró que el territorio de un aliado árabe de Washington no era intocable. Para Ankara, ofrecer a Hamás un espacio para construir esta alianza eleva el costo político y estratégico de una eventual acción israelí contra intereses turcos.
El acuerdo puede convertirse en algo mayor. Turquía ya planteó incorporar a Egipto, una de las principales fuerzas militares árabes, lo que ampliaría el alcance de la alianza. Aunque El Cairo aún no ha dado ese paso, la iniciativa muestra que las partes piensan más allá del pacto trilateral. Si se amplía, podría convertirse en una plataforma de seguridad capaz de reducir el peso de Israel en la arquitectura defensiva regional y ofrecer a otros países musulmanes una alternativa a los Acuerdos de Abraham.
La paradoja para Washington es que esta nueva arquitectura puede servir también sus intereses. Si sus aliados asumen más responsabilidad por su propia seguridad, Estados Unidos reduce el costo de sostener el orden regional. Turquía, Arabia Saudita y Pakistán están construyendo una estructura que puede crecer, incorporar nuevos actores y responder según sus propios intereses. Si prospera, el cambio será profundo: Oriente Medio tendrá mayor capacidad para defenderse por sí mismo y Washington podrá reducir el costo de sostener el orden regional, pero tendrá menos capacidad para definir cómo se organiza esa seguridad.
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