El 1 de agosto, miles de marroquíes cruzaron hacia Ceuta por mar y tierra, provocando una crisis migratoria entre Marruecos y España. Las imágenes evocaron la crisis de 2021, cuando Rabat relajó deliberadamente el control fronterizo y utilizó la migración como mecanismo de presión tras la decisión del gobierno español de permitir el ingreso del líder del Frente Polisario, movimiento que disputa a Marruecos la soberanía del Sáhara occidental, para recibir tratamiento médico. Cinco años después, Marruecos recurrió de nuevo a una estrategia ya probada, pero ahora en un contexto político y geopolítico más favorable a sus intereses.
Ceuta es una ciudad autónoma española y frontera exterior de la Unión Europea. Perteneció a Portugal desde 1415 y pasó a la soberanía española mediante el Tratado de Lisboa de 1668. Nunca formó parte del Marruecos moderno, aunque sectores nacionalistas reivindican Ceuta y Melilla bajo la doctrina del llamado "Gran Marruecos", que considera ambos enclaves parte de su territorio histórico. Por ello, continúan siendo un foco de tensión entre Madrid y Rabat.
La crisis actual responde a varios factores. La regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular aprobada recientemente por el gobierno español generó un “efecto llamada” al reforzar la percepción de que entrar irregularmente a España podía facilitar la permanencia. A ello se sumó una decisión del Tribunal Supremo que estableció que quienes llegan por mar no pueden ser repatriados automáticamente, sino tras un procedimiento legal previo. La interpretación distorsionada de esta resolución, junto con mensajes engañosos en redes sociales sobre las posibilidades de entrada y permanencia en España, creó falsas expectativas y aceleró la movilización.
A estos factores internos se suma un contexto geopolítico igualmente relevante. El Sáhara occidental sigue siendo la principal prioridad de la política exterior marroquí y un asunto especialmente sensible en su relación con España. Persisten además las diferencias por los límites marítimos frente a Canarias, tras la ampliación unilateral de los espacios marítimos marroquíes hacia zonas próximas al archipiélago, una decisión que generó preocupación en Madrid. A ello se añade el reciente acercamiento energético entre España y Argelia. Dado que Argelia es el principal rival regional de Marruecos y el principal apoyo del Frente Polisario, una relación más estrecha entre Madrid y Argel también preocupa a Rabat. En este contexto, la utilización de la migración pasa a formar parte de una estrategia más amplia de presión sobre España.
Así, pensar que una movilización de esta magnitud ocurrió sin conocimiento de las autoridades marroquíes resulta ingenuo. Marruecos dispone de uno de los servicios de inteligencia más eficaces del norte de África y ha demostrado que puede contener o facilitar los flujos migratorios según sus intereses políticos. Los testimonios sobre controles relajados y traslados hacia la frontera evidencian una actitud deliberadamente permisiva. Esta nueva crisis proporcionó a Rabat información valiosa sobre la capacidad de respuesta militar y política de España, el grado de respaldo de la Unión Europea y el impacto interno que una presión migratoria puede generar. Esa información reduce la incertidumbre y permite perfeccionar el uso de la migración como instrumento de presión.
Ceuta deja una lección que trasciende esta crisis. En la competencia geopolítica actual, la migración se ha convertido en un instrumento de poder dentro de las llamadas guerras híbridas, donde los Estados utilizan herramientas no militares para explotar las vulnerabilidades de otros actores sin cruzar el umbral de un conflicto armado. Quien sea capaz de controlar estos instrumentos dispondrá de una ventaja estratégica difícil de ignorar. Ceuta demuestra que, en el nuevo tablero internacional, la influencia ya no se ejerce únicamente con ejércitos, sino también mediante el control de los flujos humanos.
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