Típicamente, la información vertida en los medios de comunicación precede al análisis riguroso que pone al descubierto un hecho en todas sus dimensiones. Una analogía de esto sería la de un iceberg: esa gran masa de hielo flotante del cual se observa sólo una décima parte; lo restante está oculto. Los resultados del examen de primer ingreso a licenciatura en la UNAM y la suspensión del proceso de inscripción correspondiente, han traído un debate de enormes proporciones, como hace tiempo no ocurría.
En esa polémica, las controversias transitan entre el diagnóstico (no hubo pruebas piloto, falló la tecnología, el comportamiento indebido de algunos sustentantes, el mal trabajo de la empresa contratada, el poco cuidado de los funcionarios responsables) y las soluciones (no mover los resultados, rechazar la aplicación de un nuevo examen a todos o sólo a los “sospechosos”, utilizar una plataforma más adecuada, volver al examen presencial). En fin, un haz de posiciones cuyo efecto inmediato ha sido el de confundir a la opinión pública y, particularmente, angustiar a los sustentantes y a sus familias. Hasta ahora pareciera que se está frente a un iceberg atípico, pero, de entrada, el problema es sin duda más complejo. ¿Qué hacer frente a todo ello?
El pasado lunes, el rector Lomelí instaló la Comisión Técnica de 16 expertos, la cual deberá revisar todo el proceso y determinar las rutas a seguir, con la encomienda de que “todas las opiniones están sobre la mesa y ninguna está descartada” (N. Rosales, Reforma, 28 de julio). Congruente con ello, el rector le fijó a la comisión cuatro objetivos: a) esclarecer los hechos; b) explicarlos con claridad; c) garantizar el acceso equitativo a la institución, y d) extraer lecciones útiles que prevengan situaciones similares.
La comisión, integrada por 16 personalidades, independientemente de su especialidad, seguramente se allegarán la opinión de colegas expertos en las materias involucradas en el problema. Muestra de la confiabilidad es haber incorporado a dos de los miembros que ya habían expresado en sendos textos su posición analítica, y hasta crítica, al respecto (E. Backoff y A. Maldonado).
Entre las cuestiones debatidas está la correspondiente a la empresa contratada. Su principal cometido fue la prestación del servicio de software que permitiera la supervisión de exámenes en línea. Esto incluía vigilar el comportamiento de cada aspirante, y su entorno, durante la aplicación del examen. Según opiniones, esto falló, no obstante su vasta experiencia —6 millones de exámenes en línea aplicados en México y en Estados Unidos— (R. Montes, Milenio, 27 de julio).
Por lo que corresponde a la inteligencia artificial, como una parte del problema en su conjunto, es importante anotar que existe una vasta literatura al respecto sobre las fallas que ésta ha tenido en el mundo (C. Pallán, Campus-Milenio, jueves 30 de julio). Pero también, como apunta un experto en ciberseguridad (Víctor Ruiz): “La disyuntiva no gira en torno al uso de la tecnología, sino al del comportamiento humano que es ventajoso con fines maliciosos” (N. Rosales, Reforma, julio 30).
Un caso similar que podría considerarse como antecedente inmediato, se presentó dos meses atrás. El Ceneval practicó un examen en línea para 17 mil sustentantes y el software falló. La decisión adoptada fue radical: imprimir cuadernillos para cada sustentante (papel y lápiz), la ubicación del examen en 32 sedes y su aplicación en 553 aulas. Problema resuelto.
Conclusión
La comisión tiene una enorme responsabilidad: se espera que la equidad y transparencia prevalezcan como principios. Particularmente cuando, desde ahora, se anticipa que la decisión, cualquiera que sea, resultará polémica.
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