El viernes pasado, Estados Unidos y Venezuela suscribieron lo que el presidente Trump llamó “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. En cifras: 25 años de vigencia, 17 campos y 65 mil millones de barriles de potencial probado. Estados Unidos se quedará con 55% de la producción de la nueva empresa operadora.
Antes de la firma, Chevron ya había ampliado su participación en Petroindependencia hasta alcanzar 49%. Se estima que, de cada barril que llegue a EU, regresarán 19 dólares a Caracas.
En enero, en este mismo espacio (Venezuela: notas para un análisis estratégico), analicé con pragmatismo los escenarios de la nueva etapa venezolana: los primeros en entrar capturarían posiciones rentables, sí, pero con riesgos equivalentes. México, por su parte, tenía al menos cinco años para construir algo más valioso: certidumbre jurídica e infraestructura estratégica.
Ocho meses después, especialistas confirman que reconstruir la infraestructura petrolera venezolana —para operar al 100% — tomará entre cinco y 10 años (IESA). Además, el acuerdo abrió un nuevo debate sobre la soberanía. Un exdirector de PDVSA lo comparó con el fondo que Washington administró durante más de dos décadas sobre los ingresos petroleros de Irak. La presidenta Delcy Rodríguez insiste en que su país conserva la propiedad de sus recursos, pero las “letras chiquitas” del contrato aún no se conocen.
¿Qué ha pasado con México?
Aquí la realidad ha obligado a moderar el optimismo. Hace unos días, una nota de Bloomberg afirmó que la deuda de nuestro país cotiza cerca del nivel de “basura”. Moody's la rebajó, en mayo, a un escalón del grado especulativo, mientras S&P Global cambió su perspectiva a negativa, en buena medida por los más de 130 mil millones de dólares que dos gobiernos consecutivos han inyectado a Pemex para mantenerla a flote.
Los contratos mixtos, la apuesta para atraer capital sin depender de esos rescates, dejan casi todo el riesgo del lado del socio privado a cambio de sólo una parte de las ganancias. Desde su apertura hace 18 meses, una sola petrolera extranjera de peso ha mostrado interés (Petrobras), mientras la calificadora Fitch no ha observado ninguna inversión de gran escala, ni siquiera sin la competencia venezolana.
El T-MEC, el otro frente que podía y debía aprovecharse, se convirtió en una nueva fuente de incertidumbre: pasó de la extensión automática hasta 2036 a una revisión anual que Washington decide a su conveniencia.
Nuestro país simplemente ha dejado pasar el tiempo sin definir una estrategia, administrando una inercia tras otra. La ventana que se abrió en enero sigue entreabierta, pero cada mes que pasa sin tomar decisiones nos acerca más al terreno de las oportunidades perdidas.
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