La productividad ha sido durante décadas uno de los principales desafíos estructurales de la economía mexicana. Aunque en las últimas tres décadas el país logró avances relevantes en materia de estabilidad macroeconómica y comercio internacional, su desempeño económico ha sido decepcionante. Los datos más recientes publicados por el INEGI y Banxico confirman que el país continúa atrapado en una dinámica de baja productividad que limita su potencial productivo.
De finales de 2017 al cierre de 2025, el índice de productividad laboral por población ocupada cayó 6.2%, mientras que medido por hora trabajada se contrajo 4.5%. En el mismo periodo, el costo laboral unitario que mide el Banco de México creció 35.6%. En resumen, menos productivos y más caros. Pero cuando se analiza el desempeño de largo plazo, el panorama no es muy distinto. De acuerdo con el INEGI, la productividad total de los factores (PTF) mostró una caída promedio de −0.5% anual desde 1990. Esto significa que el modesto crecimiento económico que logró el país en las últimas décadas se apoyó principalmente en la acumulación de factores (capital humano y capital físico), no en mejoras en su eficiencia productiva.
La productividad es el motor de la riqueza de las naciones. Sin ésta, de mediano y largo plazo, las economías se estancan, los niveles de ingreso retroceden y los desafíos sociales se agravan.
Mucho se ha escrito sobre los factores que explican nuestra trampa de crecimiento. Uno de los más relevantes es la segmentación de su mercado laboral, entre formalidad e informalidad laboral. El sector informal tiene un peso de alrededor de 25% en el producto interno bruto, pero más de la mitad de la fuerza laboral se emplea en éste.
Otro problema estructural ligado a lo anterior es el tamaño de sus empresas. En México predominan las micro y pequeñas empresas, que sobreviven en esa condición a pesar de su baja productividad. Sea porque resulta muy costoso formalizarse como resultado de un ecosistema jurídico, regulatorio, fiscal y de seguridad social oneroso, o por limitantes del capital humano, falta de oportunidades para capacitación, adopción de tecnología y financiamiento, el resultado es un sinfín de muy pequeñas empresas que no crecen y se niegan a morir.
Finalmente, la baja productividad también refleja problemas institucionales que parecen haberse agravado en los últimos años. Barreras regulatorias, inseguridad física y mercados poco competitivos en sectores críticos para la economía (energía, telecomunicaciones, por ejemplo) que limitan la reasignación eficiente de recursos hacia empresas más productivas.
Frente a este diagnóstico, sorprende la ausencia de una agenda pro-productividad en el país. En el contexto de un gobierno que parece mostrarse satisfecho con los resultados sociales de los últimos siete años y la buena evaluación de las encuestas de corto plazo, las limitantes estructurales que determinan nuestra baja productividad y el estancamiento de nuestro PIB per cápita, parecen estar lejos de las preocupaciones y el sentido de urgencia gubernamentales.
De no atenderse estas causas estructurales, no obstante, el país seguirá atrapado en su mediocre desempeño económico que, eventualmente, terminará por causar retroceso en las incipientes mejoras sociales e insatisfacción política.
