Un día como hoy, hace exactamente 16 años, soldados del Ejército mexicano asesinaron a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo Verdugo, de 23 y 24 años, respectivamente.
En un aparente rondín que hacían los militares por una avenida de Monterrey se toparon con los muchachos, que habían salido a las 00:38 hrs. de las instalaciones del Tec para cenar. Cuando regresaban, media hora más tarde, acosados por los soldados, se asustaron y corrieron hacia el interior del campus, hasta donde fueron perseguidos y asesinados a sangre fría. Jorge tenía seis heridas de bala, dos de ellas a corta distancia, lo que significa que lo remataron. Javier recibió siete impactos. Ambos fueron golpeados por los soldados antes de matarlos.
Para esconder la verdad de los hechos la Sedena, a través de su Dirección de Comunicación Social, entonces encabezada por el actual secretario, dijo que el homicidio fue en el contexto de un enfrentamiento con el narcotráfico y acusaron a los estudiantes de formar parte del crimen organizado, de ser sicarios.
Todo era falso, absolutamente todo.
Como se comprobó después, los militares cazaron a los estudiantes, los golpearon, les metieron varios tiros, alteraron la escena del crimen, colocaron armas de fuego sobre sus cuerpos y se robaron las cámaras de seguridad para esconder la evidencia. La versión del montaje realizado por el Ejército fue avalada por las autoridades de todos los niveles de gobierno en ese momento.
Semanas después, el entonces procurador general de la República, Arturo Chávez, viajó a Monterrey para entrevistarse con las autoridades del Tec. Llevaba dos gruesos expedientes que compartió con éstas, donde se mostraba fehacientemente lo que los soldados hicieron a los estudiantes.
En marzo de 2019, la secretaria de Gobernación, ya en la administración de Morena, reconoció los hechos tal como habían ocurrido, pidió perdón y ofreció una disculpa pública a los familiares de las víctimas en un acto donde estuvo presente un funcionario de nivel medio del Ejército, que guardó silencio.
En el curso de la investigación, varios militares fueron identificados por la justicia como involucrados. Hasta 2021, tres de ellos estaban detenidos y al parecer procesados como presuntos homicidas; dos permanecían prófugos y uno más seguía desaparecido en ese momento. Previamente, solo un miembro de la Sedena había sido juzgado por este caso en una corte militar que lo declaró inocente.
Trece años más tarde del suceso, un juez de distrito sentenció a cinco de los militares por el delito de homicidio calificado con el agravante de ventaja. En el toca penal concluyó que las pruebas valoradas demostraron una “ejecución extrajudicial” y los sentenció a 90 años de cárcel, aunque a esa fecha todavía existían delitos pendientes de procesar: abuso de autoridad y exceso de fuerza, entre otros. Los soldados apelaron. El 5 de diciembre de 2024, sin embargo, un Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito del Poder Judicial federal confirmó por unanimidad la sentencia condenatoria de la primera instancia.
A la fecha, no hay información pública de los nombres de los culpables ni de la prisión donde supuestamente están cumpliendo su sentencia.
Fueron casi tres lustros de que las familias de los jóvenes exigieran justicia. Y en ese tiempo ningún funcionario del Ejército lloró por los estudiantes que algunos de sus elementos habían asesinado.
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