Agradezco profundamente a todas las personas que me manifestaron su apoyo. Su acompañamiento fue fundamental para animarme a participar y para sostenerme a lo largo de las distintas etapas del proceso.
Estoy convencida de que fue lo correcto.
He dedicado cerca de 40 años de mi vida profesional al ámbito electoral, tanto en la vertiente administrativa como jurisdiccional, a nivel nacional e internacional. En los últimos años, además, me he especializado en integridad electoral y seguridad, dos dimensiones que hoy representan desafíos sustantivos para la democracia mexicana.
Por ello decidí participar. No por una aspiración personal aislada, sino por la convicción de que podía contribuir en un momento particularmente complejo para nuestras instituciones, en el que se requiere experiencia, independencia y claridad de rumbo.
La decisión adoptada de dejarme fuera, forma parte de las atribuciones de quienes condujeron el proceso. Sin embargo, ello no impide una reflexión sobre su desarrollo ni sobre los efectos que puede tener en la percepción pública de las instituciones.
El modelo de la convocatoria dejó dudas relevantes. Hubo decisiones de último momento que modificaron condiciones previamente establecidas, ampliaron el universo de participantes y alteraron elementos sustantivos del proceso. Incluso, se inaplicó un requisito legal bajo criterios cuya motivación no resultó del todo clara.
Este tipo de determinaciones no fortalecen la certeza ni la confianza. Por el contrario, generan interrogantes sobre la consistencia de las reglas, la equidad en la contienda y el piso sobre el que se desarrolla la competencia.
Estas definiciones ocurren, además, en un contexto especialmente delicado. México enfrenta condiciones de inseguridad en diversas regiones del país que inciden directamente en la organización y desarrollo de los procesos electorales. A ello se suman riesgos crecientes para la integridad de las elecciones, así como la necesidad de cumplir con estándares nacionales e internacionales cada vez más exigentes en materia de legalidad, equidad y transparencia.
El ciclo electoral que se avecina tampoco es menor. Las elecciones de 2027 implicarán una complejidad inédita, con la concurrencia de comicios federales, locales y nuevos procesos de carácter judicial, que pondrán a prueba la capacidad operativa, técnica y política de nuestras autoridades electorales.
En ese contexto, las instituciones requieren perfiles con experiencia probada y capacidad de respuesta inmediata. La curva de aprendizaje no es un lujo disponible cuando están en juego la confianza pública, la estabilidad democrática y la integridad de los procesos electorales.
Confieso que esperaba llegar a la etapa de entrevistas. No sólo por lo que representa en términos de evaluación integral, sino porque es ahí donde se contrasta la experiencia, la capacidad de análisis y la visión institucional, más allá de parámetros necesariamente limitados. La deliberación directa permite valorar trayectorias de manera más completa y no únicamente a partir de indicadores formales.
Aun así, asumo este momento con serenidad. No me arrepiento de haber participado. Lo hice por convicción, con claridad y con sentido de responsabilidad.
Seguiré contribuyendo desde otros espacios, con la misma fuerza y compromiso que el país exige. México necesita instituciones sólidas, pero también voces que acompañen, analicen y, cuando sea necesario, señalen.
La vida pública no se define por una designación, sino por la consistencia de una trayectoria y la firmeza de las convicciones.
Y en eso, no hay margen de duda.
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