En México ya no basta con decir que se combate al crimen organizado. La verdadera línea divisoria está en quién lo enfrenta y quién, por acción u omisión, lo tolera, lo encubre o se beneficia de él. En ese contexto, lo que ocurre en Chihuahua, bajo el gobierno de Maru Campos, no sólo contrasta, marca una diferencia clara frente a gobiernos que han optado por la simulación.
El operativo reciente no fue un evento más, fue un golpe directo a la estructura operativa y financiera del crimen organizado, no es narrativa, es resultado. En Chihuahua sí se combate al narco, ahí no hay pactos ni simulación, hay acción. Y eso, en el México de hoy, es disruptivo, porque mientras en Chihuahua se persigue a los criminales, en otras partes del país donde gobierna Morena, persisten estructuras criminales que operan con total impunidad y tolerancia institucional. Gobernadores bajo sospecha, entornos cuestionados, relaciones peligrosas.
Ahí están Marina del Pilar Ávila y Rubén Rocha Moya, gobernadores de Baja California Norte y Sinaloa, respectivamente, a quienes les fue retirada la visa estadounidense por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ahí está también Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, quien ha sido cuestionado y señalado por su cercanía con perfiles ligados a organizaciones criminales, o Adán Augusto López, excoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco que tuviera en su gabinete al líder de la llamada Barredora, una red señalada por operar esquemas de control territorial y violencia sistemática. Estos no son hechos aislados, es parte de un patrón que refleja cómo, en ciertos estados, el crimen se expande, fortalece y gana poder bajo la mirada permisiva de gobiernos de Morena.
Pero hay más aún. El caso del sobrino del exsecretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, detenido recientemente en Argentina por su presunta participación en una red de huachicol. El último eslabón de una cadena que no se explica sin protección, sin complicidades y sin un sistema que facilitó que estas redes operaran desde el poder. El huachicol no es un delito menor, es una industria criminal que requiere logística, protección política, inteligencia interna. No se construye desde abajo, se tolera desde arriba y lo que hoy vemos es la punta del iceberg.
Frente a eso, la reacción del gobierno federal y de los legisladores de Morena ante el operativo en Chihuahua resulta no sólo absurda, sino hasta sospechosa. En lugar de respaldar un golpe al crimen, optaron por atacar, descalificar y desviar la conversación. ¿Por qué incomoda tanto que alguien sí haga su trabajo? ¿Porque evidencia que sí se puede? ¿Porque deja claro que el problema no es la complejidad del crimen, sino la falta de voluntad o la existencia de intereses en quienes deberían combatirlo? Y mientras eso ocurre, el doble rasero es brutal: donde hay sospechas graves, silencio; donde hay resultados contundentes, linchamiento político. Donde debería haber exigencia, hay encubrimiento.
En Chihuahua no se tapa nada. Hay transparencia, hay una unidad especializada de investigación en marcha y, en un acto que habla de responsabilidad política, el fiscal presentó su renuncia para no interferir en las indagatorias. Maru Campos, la valiente gobernadora de Chihuahua, dejó claro de qué lado está. Ojalá ese estándar existiera donde gobierna Morena, porque hoy en México hay gobiernos que enfrentan al crimen organizado y hay gobiernos que conviven, pactan y se benefician de él.
La soberanía no es un discurso para encubrir fallas ni una bandera para justificar la inacción. La soberanía se defiende enfrentando a quienes amenazan a las familias mexicanas, no protegiéndolos ni minimizándolos.
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