Las finanzas públicas del gobierno federal están enfermas, aunque la narrativa oficial insista en lo contrario. El síntoma más elocuente es contratar deuda para cubrir gasto corriente o para pagar los intereses sobre el saldo monumental acumulado en los últimos años. Un gobierno que se endeuda para pagar lo que ya debe no está consolidando sus finanzas, está agravando su padecimiento.
Nuestra Constitución es inequívoca al respecto. En su artículo 73, fracción VIII faculta al Congreso para autorizar sólo los empréstitos destinados a obra pública que incremente los ingresos públicos. Más aún, nuestra Carta Magna y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen con total nitidez otro principio adicional: el gasto de operación debe financiarse con contribuciones —impuestos, derechos, aprovechamientos— véase el artículo 31, fracción IV. Por lo tanto, únicamente la inversión que genere ingresos puede justificar el uso del crédito de la nación. El crédito público que contradice estos principios se vuelve carga que las generaciones presentes imponen a las futuras; usarlo para pagar la nómina o pensiones de hoy es transferir deuda a quienes aún no votan ni trabajan.
El primer informe trimestral de 2026 lo ilustra con números que no admiten evasión. El endeudamiento neto del sector público federal llegó a 207.3 mmp, mientras que la inversión física del sector público fue de sólo 179 mmp. El perverso vicio que la Constitución prohíbe está documentado en los propios informes de la Secretaría de Hacienda: nos endeudamos más de lo que invertimos, y la diferencia se va a cubrir con gasto corriente.
Las consecuencias de incumplir no son abstractas. La inversión física total cayó 15.6% en términos reales; el gasto en salud bajó 8.7% real; la Secretaría de Educacion Pública subejerció su presupuesto en 24 mmp. En cambio, los servicios personales crecieron 14.9% real y las transferencias directas 11.4% real. La radiografía es nítida: se protegen los programas con valor electoral y se sacrifica la inversión que genera capacidad productiva. Las generaciones futuras heredarán más deuda y menos infraestructura, menos hospitales terminados y menos maestros bien pagados.
Es bueno escuchar a la c. presidenta afirmar que está velando por cumplir la Constitución. La pregunta obligada es: ¿por qué en materia de deuda pública no la cumple? La deuda bruta del sector público está cada vez más cerca de los 20 billones de pesos y la razón deuda a PIB va que vuela a 60% con el bajo crecimiento que se está registrando. En el año 2000 esa razón era de 29.2%. En 26 años la hemos casi duplicado, cuando en los últimos siete años han tenido la mayoría para convocar a una gran reforma de la hacienda pública que dé capacidad de hacer al Estado.
Capítulo aparte merece Petróleos Mexicanos. En el primer trimestre de 2026 el gobierno federal inyectó 57 mil millones de pesos adicionales a la empresa para pago de proveedores, acumulando más de 250 mil millones en apoyos en poco más de año y medio. A cambio, la inversión propia de Pemex cayó 51% real y su plataforma de exportación se desplomó 42.4% respecto al año anterior. La empresa que alguna vez financió el desarrollo nacional, hoy es financiada por los contribuyentes, sin un plan de viabilidad creíble a la vista.
Queda claro que cuando no se cumple lo que nuestra Constitución estipula, la economía enferma y los niveles de vida de la población lo resienten. México ya vivió crisis más severas —1976, 1982, 1994— provocadas por el mal uso de la deuda. No llegaron de golpe, sino acumulando desequilibrios que se presentaban como manejables. El remedio es conocido: una reforma integral de la hacienda pública y disciplina fiscal sin excepciones. Sin eso, cada trimestre confirmará la misma enfermedad: más deuda, menos inversión y una carga creciente para quienes aún no tienen voz.
Recomendar Nota
