El Ejecutivo insistió en que el estado de excepción no sustituye el diálogo, sino que lo acompaña como una medida para frenar la escalada de violencia
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El Ejecutivo insistió en que el estado de excepción no sustituye el diálogo, sino que lo acompaña como una medida para frenar la escalada de violencia
El gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, decretó un estado de excepción a nivel nacional pocas horas después de firmar un acuerdo de pacificación con distintos sectores en conflicto. La decisión busca contener la creciente violencia y restablecer el orden en un contexto marcado por protestas, bloqueos y tensiones políticas.
“Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, afirmó Paz.
La medida se tomó tras una jornada intensa de negociaciones en la que el Ejecutivo intentó abrir canales de diálogo con actores sociales y políticos que mantienen demandas en las calles.
El anuncio sorprendió a diversos sectores, ya que el acuerdo de pacificación había generado expectativas de estabilidad inmediata. Sin embargo, el gobierno argumentó que la situación en varias regiones del país siguió mostrando focos de violencia y riesgo para la población, lo que obligó a activar mecanismos extraordinarios de control.
Horas antes del decreto, el presidente Paz firmó un acuerdo de pacificación con representantes sociales y actores institucionales. El pacto buscaba reducir tensiones, facilitar el diálogo y desactivar bloqueos que afectaban la movilidad y el suministro de bienes básicos.
No obstante, las autoridades reconocieron que algunos grupos no acataron los compromisos y mantuvieron movilizaciones en puntos estratégicos del país. Esta situación provocó que el Ejecutivo reconsiderara su estrategia y optara por medidas de mayor alcance.
El gobierno justificó el estado de excepción como una herramienta temporal para garantizar la seguridad ciudadana, proteger infraestructura crítica y restablecer la circulación en regiones afectadas.
La prohibición principal abarca cualquier bloqueo en las vías de circulación del país. El Gobierno explicó que la medida impide cerrar calles, avenidas, caminos y carreteras que obstaculicen el tránsito de personas y el suministro de bienes esenciales.
También se prohíbe portar armas, explosivos, sustancias inflamables y combustible en envases no autorizados durante movilizaciones o concentraciones. En zonas donde se registren hechos de violencia, las autoridades podrán limitar temporalmente la venta de bebidas alcohólicas.
El Gobierno precisó que la ciudadanía podrá circular y realizar sus actividades con normalidad fuera de las áreas sujetas a restricciones específicas. Asimismo, se mantienen en operación las actividades laborales, educativas y económicas, así como los servicios financieros, los mercados y los comercios formales e informales.
La crisis en Bolivia se intensificó por la falta de acuerdos sostenibles entre sectores sociales y el gobierno, lo que derivó en episodios de confrontación en distintas ciudades.
El Ejecutivo insistió en que el estado de excepción no sustituye el diálogo, sino que lo acompaña como una medida para frenar la escalada de violencia. Sin embargo, organizaciones sociales y voces críticas advierten que la decisión podría aumentar la tensión si no se acompaña de una ruta clara de negociación.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuánto tiempo permanecerá vigente la medida, pero sí han reiterado que se mantendrá mientras persistan los riesgos para la estabilidad interna.
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