Récord de inversión extranjera, país menos competitivo: la paradoja que conviene no celebrar
Cada junio, la escuela de negocios suiza del IMD publica el World Competitiveness Ranking, el termómetro más observado por gobiernos e inversionistas sobre qué tan atractivo es un país para invertir. En 2026, México cayó siete lugares y quedó en el sitio 62 de 70. Es la peor posición en años, y no fue un tropiezo aislado: detrás hay ocho años de estancamiento que terminaron en desplome.
Conviene empezar por lo que mide el índice, porque ahí está la trampa. Competitividad no es lo mismo que productividad. La productividad es qué tan bien una empresa convierte insumos en producto; la competitividad es la calidad del entorno —Estado de derecho, infraestructura, energía, talento, reglas estables— que le permite crecer y reproducirse. Un país puede tener plantas muy productivas y aun así ser poco competitivo si la justicia no protege contratos y las reglas cambian sin aviso. México representa ese caso.
El IMD evalúa cuatro pilares —desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura— mezclando datos duros con la opinión de casi siete mil ejecutivos, los mismos que deciden dónde invertir. Y el mensaje de 2026 fue contundente: la competitividad ya no se gana con costos bajos, sino con credibilidad institucional. En un mundo fragmentado, lo que vale son reglas predecibles y compromisos exigibles. Dicho de otro modo: el mundo empezó a premiar exactamente lo que México empezó a debilitar.
México cayó en los cuatro pilares —el crecimiento fue de apenas 0.7% y la productividad retrocedió decenas de lugares—, pero el daño profundo está en lo institucional: penúltimos del grupo en Estado de derecho (69 de 70) y entre los últimos en corrupción, transparencia y legislación para hacer negocios, lastrados por las compras gubernamentales y la economía informal. Pero la mayor caída de todas fue la regulación laboral: 12 lugares, hasta el 63. Y no es casualidad: 2025 y 2026 trajeron la mayor oleada de reforma laboral en una década —la jornada de 48 a 40 horas elevada a la Constitución, horas extra más caras, registro de jornada, nuevas obligaciones—[1]. Son cambios defendibles para el trabajador, pero el IMD no mide justicia laboral: mide costo y flexibilidad para quien contrata. Y aquí está la clave: el problema no es la jornada de 40 horas —decenas de países la tienen y ranquean mejor que México—, sino imponer más regulación y mayor costo donde la productividad no crece. Donde sí crece, una jornada más corta se absorbe; donde está estancada, cada carga nueva se vuelve mayor costo unitario. Y hay un problema de secuencia: encarecimos el empleo formal sin resolver antes que más de la mitad del empleo sigue siendo informal, ensanchando esa brecha en vez de cerrarla.
Gráfica 1. Ocho años de estancamiento que terminan en desplome. Fuente: IMD World Competitiveness Ranking, ediciones 2019–2026.
El IMD lo nombra sin eufemismos: México necesita reforzar el entorno de negocios, el Estado de derecho y la certeza jurídica. Otros sí lo hicieron. Arabia Saudita subió del lugar 36 en 2017 al 13 hoy, con más de mil reformas regulatorias, apertura al talento y zonas logísticas. Irlanda y Países Bajos escalaron por algo aún más revelador: por sus flujos de inversión nueva, los que a México le faltan.
Porque aquí surge la paradoja. El gobierno celebra una cifra histórica de inversión extranjera directa: casi 41 mil millones de dólares en 2025. La cifra es real, pero su composición desmonta el triunfalismo: de cada cien dólares, 68 fueron reinversión de utilidades —de empresas que ya están aquí— y apenas 18, capital fresco. Esa reinversión es confianza de quien ya opera aquí, no planta nueva ni relocalización. El nearshoring real solo se vería en las inversiones nuevas, y esa cuenta cayó a 7% en el primer trimestre de 2026.
Gráfica 2. El récord de inversión es, en su mayoría, reinversión de quien ya está aquí. Fuente: Secretaría de Economía (RNIE), cifras originalmente publicadas; metodología OCDE/FMI (BPM6).
En síntesis: tenemos récord de inversión y, al mismo tiempo, el país menos competitivo en años. No es contradicción. Es la diferencia entre quien se queda por inercia y quien decide llegar. Y quien decide llegar mira primero la certeza jurídica que hoy nos coloca en el penúltimo lugar del mundo.
Cuatro puntualizaciones para no perder el matiz
Primera: la reinversión no es despreciable. Un peso reinvertido puede ser tan productivo como uno nuevo si se aplica bien. El problema no es que reinviertan los que ya están, sino que no lleguen los que faltan. Que las inversiones nuevas sean tan bajas significa que quien no opera en México no se anima a hacerlo.
Segunda: el dato agregado engaña si no se desagrega. Anunciar “IED histórica” sin separar reinversión de inversión nueva es estadísticamente cierto y analíticamente vacío. La pregunta correcta no es cuánto capital entró, sino de qué tipo.
Tercera: el ranking no es un capricho de percepción. La caída coincide con hechos verificables —reforma judicial, erosión regulatoria, déficit fiscal de 4.7%— y con un giro metodológico del IMD hacia la credibilidad institucional. Ambos se encontraron en el peor momento.
Cuarta: la agenda no es un misterio. Certeza jurídica, infraestructura y energía, combate a la informalidad, disciplina fiscal y alineación del talento. Arabia Saudita tardó casi una década y mil reformas. No hay atajo, pero tampoco enigma: sabemos qué hacer. Falta decidir hacerlo.
Fuentes: IMD World Competitiveness Ranking 2026; Secretaría de Economía (RNIE), cifras de IED 2025 y 1T-2026; UNCTAD.
[1] Cronología de la reforma a la jornada laboral: el decreto que reforma el Artículo 123 constitucional se publicó el 3 de marzo de 2026, estableciendo una jornada máxima de 40 horas semanales con implementación gradual (48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 a partir de 2030). La reforma a la Ley Federal del Trabajo entró en vigor el 1 de mayo de 2026 e incluyó el encarecimiento de las horas extra y la obligación de un sistema electrónico de registro de jornada. El Congreso tenía un plazo de 90 días —hasta el 1 de junio de 2026— para armonizar la legislación secundaria, por lo que durante el levantamiento de la encuesta del IMD (febrero–abril de 2026) la reglamentación específica aún estaba pendiente. Fuentes: Diario Oficial de la Federación; análisis de Baker McKenzie y L&E Global.
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