En democracia, las omisiones también tienen consecuencias.
La democracia puede erosionarse no sólo cuando las autoridades adoptan decisiones que alteran la equidad de la competencia, sino también cuando dejan de emitir, oportunamente, las reglas y de poner en marcha los mecanismos que la propia ley diseñó para proteger la integridad del proceso electoral.
Eso es lo que hoy preocupa del Instituto Nacional Electoral. La demora en la aprobación de, entre otros, los lineamientos para regular los actos anticipados de precampaña y campaña, así como el retraso en la integración y operación de la Comisión de Integridad de las Candidaturas[1], no constituyen simples asuntos administrativos. Son omisiones que debilitan la capacidad preventiva del Estado frente a los riesgos que ya enfrenta la democracia mexicana.
Vistas de manera aislada, ambas decisiones podrían parecer asuntos distintos. Analizadas en conjunto, revelan un mismo patrón: el retraso en la construcción del andamiaje institucional que la propia legislación previó para proteger, desde una lógica preventiva, la integridad del proceso electoral de 2027.
No se trata únicamente de una expectativa política ni de una conveniencia administrativa. La propia reforma electoral estableció la creación de la Comisión de Integridad de las Candidaturas y previó que contara con reglas de operación antes del inicio del proceso electoral. El propósito era fortalecer la capacidad preventiva del Estado para identificar riesgos antes del registro de las candidaturas. Cuando esos instrumentos no se implementan oportunamente, no sólo se retrasa una decisión administrativa: se debilita el modelo preventivo que la propia reforma quiso construir.
Esta discusión, además, no es nueva. Hace más de una década, siendo presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostuve públicamente la necesidad de regular con mayor claridad los actos anticipados de precampaña. Aquella posición provocó fuertes cuestionamientos. El tiempo demostró exactamente lo contrario. La ausencia de reglas claras no fortaleció la libertad política, amplió la incertidumbre jurídica, multiplicó los litigios y permitió que la competencia electoral se adelantara cada vez más, en condiciones crecientemente desiguales.
La neutralidad institucional no se compromete únicamente cuando la autoridad actúa para favorecer indebidamente a un actor político. También se debilita cuando omite actuar oportunamente y permite que la ausencia de reglas o de mecanismos preventivos produzca ventajas objetivas para algunos participantes de la contienda.
La consecuencia de esas omisiones es evidente. Quienes hoy realizan actos de promoción anticipada; quienes utilizan recursos públicos para posicionarse políticamente; quienes construyen estructuras electorales antes del inicio formal del proceso, o quienes eventualmente pretendan incorporar recursos de origen ilícito a la competencia electoral encuentran un entorno regulatorio menos claro y menos exigente del que la propia legislación previó.
La ausencia de reglas claras nunca genera un vacío. Ese espacio siempre termina siendo ocupado por quienes tienen mayor capacidad para aprovechar la incertidumbre.
Pero el problema ya no puede analizarse únicamente desde la óptica de la equidad en la contienda. Hoy la democracia mexicana enfrenta un desafío adicional: la creciente presencia de organizaciones criminales interesadas en influir, capturar o condicionar el ejercicio del poder público, particularmente en el ámbito local. La seguridad y la integridad electoral ya no pueden estudiarse por separado.
A ello se suma otra ausencia que comienza a ser preocupante. La planeación electoral continúa construyéndose principalmente sobre variables logísticas y administrativas, cuando la realidad del país exige incorporar variables de seguridad. La autoridad conoce dónde instalará las casillas, pero todavía no desarrolla una metodología pública para identificar los territorios donde convergen mayores riesgos de violencia político-criminal, captura institucional, financiamiento ilícito, amenazas contra candidaturas o coacción del voto.
México necesita construir una verdadera geografía del riesgo electoral. No para estigmatizar regiones o comunidades, sino para diseñar estrategias preventivas diferenciadas que permitan proteger la libertad del sufragio allí donde las amenazas son mayores. Tratar de la misma manera territorios profundamente distintos significa desconocer una realidad que la delincuencia organizada ha modificado desde hace años.
La aprobación oportuna de los lineamientos sobre actos anticipados de precampaña y campaña constituye una obligación y una herramienta indispensable para fortalecer la capacidad preventiva del Estado mexicano.
En materia electoral, el tiempo también es una forma de poder. Cuando la autoridad llega tarde, alguien más ya obtuvo ventaja.
La democracia no se protege únicamente el día de la votación, se protege mucho antes, cuando las instituciones son capaces de anticipar los riesgos y cerrar los espacios que otros buscan aprovechar. Si el Estado deja vacíos, alguien siempre los ocupa. Y esa es precisamente la razón por la que la demora del INE no es neutra.
[1] Yo he sido crítica de la creación de esta nueva Comisión, y lo sigo sosteniendo. No me parece que sea la solución para evitar el involucramiento de la delincuencia organizada en la definición de candidaturas.
Recomendar Nota
