La economía mundial descansa sobre un número sorprendentemente reducido de rutas marítimas. Más del 80% del comercio internacional se transporta por mar y una parte sustancial atraviesa unos cuantos estrechos estratégicos. Los ataques de Irán contra buques comerciales en Ormuz y de los hutíes contra la navegación comercial en Bab el-Mandeb han vuelto a demostrar la vulnerabilidad de estos corredores.
La relevancia de estos corredores no radica únicamente en el volumen de mercancías que transportan, sino en la dificultad de sustituirlos. Por ellos circulan hidrocarburos, gas natural licuado, fertilizantes, productos petroquímicos, materias primas y bienes manufacturados que abastecen a economías de todo el mundo. El estrecho de Ormuz concentra aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado mundialmente, mientras Bab el-Mandeb canaliza alrededor de 12% del comercio marítimo global. La presión simultánea sobre ambos corredores convierte una crisis regional en un factor de riesgo para la economía internacional: cuando estas rutas esenciales dejan de ofrecer condiciones seguras de navegación, la incertidumbre repercute rápidamente en los mercados, las cadenas de suministro y el costo de vida en varias regiones.
Precisamente por esa importancia estratégica, el derecho internacional estableció un régimen especial para los estrechos utilizados por la navegación internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce el derecho de paso en tránsito, que permite a los buques atravesar estos corredores de manera continua y expedita, sin que los Estados ribereños puedan suspender arbitrariamente ese tránsito. En términos prácticos, este principio busca garantizar que las rutas esenciales para el comercio mundial no puedan quedar sujetas a decisiones unilaterales capaces de afectar a la comunidad internacional.
Sin embargo, las nuevas amenazas han puesto a prueba ese marco jurídico. El desafío actual no consiste únicamente en cerrar estos estrechos formalmente, sino en alterar las condiciones de seguridad necesarias para transitar por ellos. Grupos armados pueden atacar buques comerciales con misiles, drones o embarcaciones no tripuladas sin ejercer soberanía sobre esos espacios marítimos. Esa es una de las principales áreas grises del derecho internacional: el reconocimiento jurídico del paso en tránsito no impide que una amenaza real altere la navegación comercial, obligue a las navieras a desviar rutas, aumentar los seguros y encarecer el transporte marítimo.
Las repercusiones trascienden Oriente Medio. Europa y Asia son especialmente vulnerables por su dependencia de estas rutas marítimas, aunque los efectos terminan trasladándose a mercados de todo el mundo. La interrupción o inseguridad de estos corredores genera mayores costos logísticos, presiones inflacionarias y tensiones sobre cadenas de suministro que ya enfrentan múltiples vulnerabilidades.
Los Estados han respondido con mayor presencia naval, diversificación de proveedores y rutas alternativas. Arabia Saudita ha desarrollado el oleoducto Este-Oeste, que permite exportar petróleo hacia el mar Rojo sin depender completamente de Ormuz, mientras Emiratos Árabes Unidos cuenta con el oleoducto que conecta sus campos petroleros con el puerto de Fujairah, fuera del estrecho. Estas medidas reducen el riesgo, pero no eliminan la dependencia ni la importancia estratégica de estos corredores marítimos.
La crisis en estos corredores marítimos revela una transformación más profunda de la geopolítica internacional. Durante décadas, la apertura de los mares fue una condición dada por sentada en el orden económico global. Hoy, las rutas marítimas vuelven a ser un activo estratégico que exigirá una mayor protección militar, diplomática y jurídica. Esta nueva realidad añadirá un costo estructural a la globalización: garantizar la seguridad del comercio será más caro y ese costo terminará trasladándose a las empresas y consumidores. Quien pueda influir sobre estas rutas no sólo tendrá capacidad para condicionar el comercio; también contará con una herramienta estratégica de presión sobre la economía mundial.
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