El presidente Donald Trump volvió a colocar la ciudadanía por nacimiento en el centro del debate constitucional estadounidense. El 6 de agosto firmó dos órdenes ejecutivas: la primera endurece el combate al turismo de nacimiento mediante controles de visas, acciones contra el fraude y medidas contra sus facilitadores; la segunda busca limitar el reconocimiento federal de la ciudadanía en determinadas categorías de nacimientos. Las órdenes llegan cinco semanas después de que la Suprema Corte, en Trump v. Barbara, dejara sin efecto su intento anterior de restringir la ciudadanía por nacimiento al reconocer que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres en situación ilegal o temporal son ciudadanos desde el nacimiento bajo la decimocuarta enmienda.
¿Está la Casa Blanca desafiando a la Suprema Corte? Sí, aunque indirectamente. Esta vez no intenta desmontar el principio de jus soli establecido en la decimocuarta enmienda, sino redibujar sus límites. La administración sostiene que la ciudadanía por nacimiento nunca fue absoluta y que la Constitución contempla excepciones que busca ampliar para incorporar supuestos de fraude migratorio y el turismo de nacimiento. Busca presentar la medida como una ampliación de excepciones existentes, no como una modificación constitucional.
Ese planteamiento enfrenta un obstáculo. La decimocuarta enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. En United States v. Wong Kim Ark (1898), la Suprema Corte interpretó que esa expresión comprende a toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a las leyes del país. Las excepciones reconocidas son muy limitadas, entre ellas la de los hijos de diplomáticos extranjeros con inmunidad. Este criterio fue reafirmado el 30 de junio pasado en Trump v. Barbara, al reconocer que los hijos de padres en situación ilegal o temporal son ciudadanos desde el nacimiento y que el Ejecutivo no puede definir mediante una orden ejecutiva quién adquiere la ciudadanía prevista por la Constitución.
Eso no significa que toda la estrategia esté destinada al fracaso. En materia migratoria, el presidente dispone de amplias facultades derivadas del artículo II de la Constitución y del Immigration and Nationality Act para controlar el ingreso de extranjeros, negar o revocar visas e investigar fraudes migratorios. Con base en esas atribuciones, la administración puede imponer controles más estrictos al otorgamiento de visas, perseguir prácticas fraudulentas y actuar contra quienes faciliten el turismo de nacimiento, otorgando sustento jurídico a la primera orden ejecutiva.
El principal problema constitucional surge cuando la consecuencia del fraude de los padres pretende trasladarse a los hijos nacidos en territorio estadounidense. El fraude migratorio puede generar sanciones para quien lo comete, incluidas la cancelación de la visa o la inadmisibilidad al país. Sin embargo, el recién nacido no participó en ese fraude. Conforme al precedente de Wong Kim Ark y a la resolución de la Suprema Corte de junio pasado, la ciudadanía sí le corresponde al menor por haber nacido en territorio estadounidense y estar sujeto a la jurisdicción del país, independientemente de la situación migratoria de sus padres.
El fondo del debate seguirá siendo el mismo: si el Ejecutivo puede utilizar sus facultades migratorias para ampliar, mediante una orden ejecutiva, las excepciones a la ciudadanía por nacimiento reconocidas por la Constitución. De llegar el caso ante la Suprema Corte, deberá analizar nuevamente el alcance de la decimocuarta enmienda y del precedente de Wong Kim Ark para determinar si la interpretación de la administración es compatible con el marco constitucional vigente. Si mantiene el criterio que ha sostenido durante más de un siglo, la nueva orden ejecutiva enfrentará el mismo obstáculo constitucional que su antecesora.
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