Durante años, el combate al huachicol se convirtió en uno de los principales emblemas del obradorato. Las imágenes de tomas clandestinas, ductos perforados y pipas aseguradas ocuparon conferencias mañaneras, campañas institucionales y discursos oficiales. El mensaje que querían transmitir era que se estaba cumpliendo lo que AMLO había prometido en campaña: acabar con el huachicol. Querían posicionar la idea de que el Estado estaba recuperando el control sobre un negocio que durante décadas financió al crimen organizado.
Hoy sabemos que esa historia estaba incompleta. Mientras el país concentraba su atención en las perforaciones de ductos, una modalidad mucho más sofisticada seguía creciendo, el huachicol fiscal. Ya no se trata de robar combustible de un ducto de Pemex, sino de importarlo mediante esquemas fraudulentos, declararlo como productos distintos para evadir impuestos, utilizar empresas fachada y distribuirlo como si fuera completamente legal, o bien, de montar refinerías clandestinas como las que han sido aseguradas recientemente.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Una de las investigaciones abiertas documenta el ingreso de más de 800 millones de litros de gasolina y diésel en apenas 15 meses, con un presunto daño superior a 5 mil 400 millones de pesos para las finanzas públicas. En otro operativo reciente, las autoridades aseguraron casi cuatro millones de litros de hidrocarburos almacenados ilegalmente en una refinería clandestina de Tamaulipas y otra en Veracruz, además de tanques industriales, pipas, tuberías y maquinaria especializada.
En ambos casos las autoridades presentaron los aseguramientos como golpes históricos contra el robo y procesamiento ilegal de combustibles, pero lo que más llama la atención es que en ninguno de los dos operativos haya habido detenidos, es decir, que encuentren las instalaciones, pero no a quienes las operaban.
Una instalación de esa magnitud no aparece de un día para otro y resulta difícil imaginar que una operación industrial de ese tamaño pudiera funcionar sin que nadie la viera. Requiere puertos, aduanas, permisos, transporte especializado, almacenamiento, documentación, operaciones bancarias y cadenas completas de distribución, en otras palabras, requiere una red de complicidad y protección que seguramente involucra a muchos funcionarios públicos de diversas instituciones y niveles de gobierno.
El verdadero combate al crimen organizado no consiste únicamente en asegurar infraestructura ilegal, sino en desmantelar las organizaciones que la hacen posible. Son números demasiado grandes para explicarlos únicamente como actos aislados de delincuencia. Mover o refinar cientos de millones de litros de combustible no es una operación clandestina que pueda esconderse en una bodega. Cada permiso irregular, cada inspección omitida, cada declaración aduanera alterada y cada funcionario que decide mirar hacia otro lado puede valer mucho más que cualquier cargamento asegurado.
Por eso el huachicol fiscal no debe entenderse únicamente como un delito contra Pemex o contra Hacienda, sino como un ataque directo contra la capacidad del Estado, no sólo por cada peso que deja de recaudar el gobierno y que afecta el gasto público, sino porque representa una ventaja competitiva para quienes construyen fortunas al margen de la ley, mientras miles de empresas cumplen con sus obligaciones fiscales.
Combatir este fenómeno exige mucho más que operativos espectaculares, conferencias de prensa o detenciones de chivos expiatorios. Exige inteligencia financiera, cooperación internacional, controles aduanales efectivos y, sobre todo, la voluntad política para investigar hasta las últimas consecuencias, aunque eso implique tocar intereses económicos y políticos.
El hecho de que una organización criminal pueda mover impunemente cientos de millones de litros de combustible durante años revela, sin duda alguna, que el Estado es parte de su modelo de negocio, y ningún país puede ganar esa batalla mientras las instituciones llamadas a combatir la ilegalidad terminen siendo, por acción u omisión, la infraestructura que la hace posible.
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