El pasado 12 de agosto, desde Palacio Nacional y utilizando recursos públicos, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, exhibió los nombres de periodistas, medios, organizaciones civiles y actores políticos que hemos sido críticos con la autodenominada cuarta transformación.
Intentó presentar el señalamiento como el análisis de un “ecosistema de amplificación digital”, pero no hay tecnicismo capaz de ocultar lo evidente: elaborar y proyectar una lista de personas críticas desde el principal escenario del poder es una forma de intimidación política.
El mensaje es inequívoco: “Sabemos quiénes son, los estamos observando y vamos a exhibirlos y, si es necesario, a perseguirlos”. No necesitan decretar formalmente la censura. Les basta utilizar el aparato gubernamental para estigmatizar a quienes cuestionan al régimen, desacreditar sus opiniones y convertirlos en blanco de ataques, amenazas y campañas de odio. Así pretenden generar miedo y conseguir que periodistas, ciudadanos y opositores se lo piensen dos veces antes de hablar. Eso también inhibe la libertad de expresión.
Los artículos 6º y 7º constitucionales protegen la manifestación de las ideas y prohíben restringir la libertad de expresión por medios indirectos. El gobierno no puede utilizar sus recursos, funcionarios y plataformas para hostigar a quienes piensan distinto. La crítica no es una concesión del poder: es un derecho constitucional y una condición indispensable de la democracia.
Además, la consejera jurídica carece de facultades para elaborar perfiles políticos, clasificar críticos o exhibir ciudadanos. Sus atribuciones consisten en brindar apoyo jurídico a la Presidencia, revisar iniciativas, coordinar criterios legales y representar al Ejecutivo en procedimientos constitucionales, y en una democracia los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la ley expresamente les permite. No es una policía ideológica ni la oficina de propaganda de Morena.
Mi nombre aparece entre los señalados y me siento orgullosa de ser opositora a un régimen que persigue, que vulnera derechos, que protege criminales y que ha replicado con creces todos los vicios que prometió combatir. Lejos de intimidarme el haber sido nombrada en esa lista, confirma que hemos tocado los temas que más incomodan al poder. Pero esto no se trata solamente de quienes fuimos exhibidos. Se trata del precedente que se intenta establecer: que el gobierno puede marcar públicamente a cualquier ciudadano que cuestione su versión de la realidad.
Mientras México enfrenta violencia, desapariciones, corrupción, desabasto de medicamentos, deterioro institucional y crecientes señalamientos sobre los vínculos de personajes de Morena con el crimen organizado, el gobierno dedica tiempo y recursos a vigilar a sus críticos. Como no pueden desmentir los hechos ni explicar su desastre de gobierno, intentan desacreditar a quienes los denunciamos.
Un buen gobierno reduce las críticas gobernando bien. Resuelve problemas, entrega resultados, corrige errores y rinde cuentas. Un mal gobierno, como el de Morena, fabrica enemigos, reparte etiquetas y publica listas. No les molesta la mentira, les incomoda la verdad. No combaten la desinformación, combaten la información que exhibe sus fracasos. Las listas que tratan de inhibir solo revelan a un gobierno incapaz de responder los cuestionamientos y cada vez menos dispuesto a rendir cuentas.
Que quede claro: no nos van a intimidar ni a callar. Podrán usar Palacio Nacional para exhibir nombres, pero no para ocultar la realidad. Cada lista que publiquen será una confesión de su autoritarismo y cada ataque confirmará el miedo que le tienen a la verdad. Aparecer en esa lista no es una deshonra. Deshonroso sería callar ante la destrucción institucional, la complicidad y la impunidad. Por eso seguiremos denunciando los hechos que quieren ocultar. El verdadero peligro para México no son las voces que cuestionan al poder, sino un poder que no tolera ser cuestionado.
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