Culiacán Sin.- En Sinaloa, este 9 de septiembre se cumplieron dos años -24 meses, 96 semanas, 730 días- de una crisis de violencia que estamos resintiendo todos.
Los comerciantes, los ejidatarios, los pescadores, los ganaderos, los maestros, los trabajadores, los burócratas, los médicos, los abogados, los periodistas y, de manera particularmente dolorosa, quienes menos tienen y menos posibilidades tienen de protegerse.
Hablamos de familias que viven con miedo, de negocios que han cerrado, de empleos que se han perdido, de comunidades que han cambiado sus hábitos y de ciudadanos que han dejado de sentirse seguros en su propia tierra.
Este domingo 13 de septiembre, a dos años del inicio de esta etapa que ha lastimado profundamente a Sinaloa, más de 50 organizaciones de la sociedad civil han convocado a los ciudadanos a salir a las calles.
No se convoca contra nadie. Se convoca por Sinaloa. Por la paz, por la seguridad de las familias, por los empleos, por los negocios y por el derecho elemental de vivir sin miedo.
La pregunta es si los ciudadanos harán también su parte. Si saldrán a marchar, a hacerse escuchar.
Las organizaciones de la sociedad civil ya están haciendo la suya, alzando la voz frente a una realidad que no podemos ni debemos normalizar. Hay que decirlo con la misma claridad: los gobiernos no han hecho la suya.
No hablamos solamente de estadísticas. El hartazgo y la desesperación tienen una expresión concreta: la percepción de inseguridad. Y cuando nueve de cada diez ciudadanos dicen sentirse inseguros, no estamos frente a un problema de percepción política. Estamos frente a una realidad social que exige respuestas.
Pero hay otra pregunta que tampoco podemos evadir: ¿hasta cuándo las organizaciones políticas de oposición entenderán el mandato ciudadano? Sinaloa necesita la mayor unidad posible, por encima de intereses personales, de grupos y de estrategias electorales rumbo a 2027.
Ahora corresponde a las fuerzas políticas escuchar el mensaje de una sociedad cansada, pero no derrotada. Porque primero está Sinaloa. Primero están los ciudadanos.
La sociedad ya está de pie. Falta que todos -gobierno, partidos, instituciones- hagan la suya.
Porque 730 días no son solo una cifra en el calendario. Son 730 días de miedo, de pérdidas, de familias heridas, de negocios cerrados y de una sociedad que se niega a resignarse. Son un agravio para los sinaloenses y una vergüenza para un régimen incapaz de cumplir con la responsabilidad más elemental del Estado: garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz de sus ciudadanos.
Dos años después, la pregunta ya no es cuánto tiempo más podemos soportarlo. La pregunta -la que de verdad incomoda- es cuánto tiempo más estamos dispuestos a permitirlo. Porque cada día que la impunidad se sostiene sin respuesta institucional, no solo se prolonga la violencia: se normaliza como forma de gobierno. Y ese es el verdadero costo de estos 730 días: no solo lo que hemos perdido, sino lo que corremos el riesgo de aceptar como normal.
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