El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente con el pie izquierdo. La presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la ceremonia organizada por el INE para marcar su inicio no fue un detalle protocolario ni una cortesía institucional. Fue una decisión cargada de simbolismo histórico y, por ello, profundamente equivocada.
Sé bien de qué historia hablamos. Desde 1987 se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el primer tribunal electoral federal de México. Aunque legalmente fue concebido como un órgano autónomo de carácter administrativo, sus facultades eran limitadas y sus resoluciones podían ser modificadas por los colegios electorales de las Cámaras del Congreso. La calificación de las elecciones seguía, finalmente, en manos políticas.
Después de las elecciones de 1988, el país era una olla exprés. Los resultados fueron severamente cuestionados, se denunció fraude y la desconfianza ciudadana alcanzó niveles insostenibles. Una exigencia articuló a la oposición, especialistas, organizaciones sociales y ciudadanía: que el gobierno sacara las manos de las elecciones.
La reforma de 1989-1990 creó el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Fue un avance significativo, pero incompleto. El tribunal adquirió autonomía, mientras el Consejo General del IFE continuó presidido por el secretario de Gobernación. Aunque participaban seis consejeros magistrados elegidos por la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo seguía sentado a la cabeza de la autoridad encargada de organizar las elecciones.
La presión continuó. En 1993 se fortaleció al Tribunal Federal Electoral mediante la creación de una Sala de Segunda Instancia. En 1994, después del levantamiento zapatista y del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la violencia y la desconfianza obligaron a realizar una nueva reforma urgente. Los consejeros magistrados fueron sustituidos por seis consejeros ciudadanos, designados con el respaldo de las distintas fuerzas políticas, quienes tenían ya el monopolio de votos en el Consejo General, pero Gobernación todavía lo presidía.
Fue hasta la reforma de 1996 cuando el Poder Ejecutivo salió definitivamente del IFE. La Cámara de Diputados designó a un consejero presidente y ocho consejeros electorales mediante un procedimiento que permitió que los nombramientos recayeran en personalidades reconocidas por los partidos, la academia y la ciudadanía. Así se integró el Consejo General presidido por José Woldenberg.
Existe una anécdota emblemática: al llegar a su oficina, Woldenberg habría arrancado el cable del teléfono rojo que comunicaba directamente con la Presidencia de la República. Más allá de su literalidad, la imagen resume lo que significó aquella reforma: cortar la correa que vinculaba a la autoridad electoral con el Poder Ejecutivo.
Desde entonces, ninguna persona titular de la Secretaría de Gobernación había ocupado un lugar en un acto formal de inicio de un proceso electoral federal. La ausencia no era descortesía; era distancia institucional. No significaba falta de coordinación entre autoridades, sino respeto a sus ámbitos de competencia.
Por eso resulta tan delicada la invitación hecha por Guadalupe Taddei. Más aún cuando trascendió que se pretendía colocar a las consejeras y los consejeros electorales en una segunda fila. Habría sido inadmisible: quienes integran el órgano superior de dirección del INE no pueden ser relegados dentro de su propia institución para privilegiar a una representante del Poder Ejecutivo.
La gravedad del momento no termina en aquella fotografía. El INE inicia el proceso con una estructura directiva debilitada, divisiones internas, decisiones que han erosionado la confianza y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles irregularidades millonarias en contrataciones que deben ser esclarecidas exhaustivamente. Las denuncias públicas que alcanzan al entorno de su presidencia no pueden desestimarse ni responderse con silencio. La independencia electoral exige también integridad, transparencia y rendición de cuentas.
En 1994, frente a una crisis de violencia, desconfianza e incertidumbre política, México entendió que no podía llegar a la elección con una autoridad cuestionada. A pocos meses de la jornada electoral se modificó la integración del Consejo General del IFE y se nombró a seis consejeros ciudadanos respaldados por las distintas fuerzas políticas. Aquella decisión no resolvió todos los problemas, pero contribuyó a generar condiciones mínimas de confianza.
La historia deja una lección incómoda: las integraciones de las autoridades electorales no pueden considerarse intocables cuando han perdido la confianza indispensable para conducir una elección. Si el actual Consejo General (o una mayoría de quienes lo integran) no es capaz de garantizar independencia, imparcialidad, profesionalismo e integridad, México deberá discutir, con toda seriedad, una corrección institucional antes de la jornada de 2027.
No se trataría de permitir que la mayoría gobernante capture definitivamente al INE ni de sustituir consejerías por conveniencia política. Cualquier eventual recomposición tendría que surgir de un procedimiento público, transparente y basado en amplios acuerdos, con perfiles reconocidos por su independencia y capacidad técnica. Exactamente lo contrario de un relevo impuesto desde el poder.
Así no podemos llegar a la elección de 2027. Si el INE no recupera de inmediato su independencia y la confianza ciudadana, habrá que hacer lo necesario para recuperarlas antes de que sea demasiado tarde.
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