Las Naciones Unidas publicaron recientemente su reporte anual sobre riesgos globales. Uno de los elementos que sobresale es el peso creciente que los actores políticos y económicos asignan al riesgo político. No es difícil entender por qué: Trump, guerras, aranceles, y una mayor fragmentación geopolítica han elevado la incertidumbre política en prácticamente todo el mundo.
Pero, ¿qué ocurre en México?
El riesgo político puede entenderse como la posibilidad de que decisiones -o la falta de ellas- y/o cambios en las reglas del juego derivados del proceso político afecten las condiciones para invertir y hacer negocios.
Durante 2024 y 2025, México aprobó una cantidad extraordinaria de reformas constitucionales y legales que modificaron de manera importante su marco institucional. El proceso incluyó cambios en órganos reguladores, justicia, aduanas, energía, organismos autónomos y muchas otras áreas relevantes para la actividad económica. Para una parte importante del sector privado, estos cambios elevaron la incertidumbre sobre las reglas del juego.
La pregunta ahora es si, después de ese proceso, las empresas han decidido pasar la página y concentrarse en el “cómo sí”: invertir y operar bajo el nuevo marco institucional, aun reconociendo sus reservas. En otras palabras, ¿el riesgo político percibido es hoy menor que hace uno o dos años?
La respuesta parece ser ambigua.
Hay algunos indicios favorables. La inversión privada ha mostrado señales de recuperación; existe una relación más fluida entre el gobierno y el sector empresarial; algunas propuestas regulatorias han sido modificadas o pospuestas ante las preocupaciones del sector privado; y existen señales positivas en materia de energía y seguridad. El presupuesto para 2027, además, mantiene cierta disciplina fiscal.
No obstante, persiste un importante grado de escepticismo respecto al rumbo del país. La concentración del poder político alcanzó niveles inéditos y se ha convertido en una característica estructural del nuevo régimen. El Poder Judicial, el INE, la FGR, el Legislativo, los órganos reguladores, el SAT y la UIF operan hoy bajo una nueva correlación de fuerzas. Las sorpresas legislativas no cesan. Las nuevas inversiones extranjera no despegan. Persisten problemas de seguridad y debilidades en las capacidades institucionales de los distintos niveles de gobierno. A ello se suman la débil confianza empresarial, unas finanzas públicas presionadas y la situación financiera de Pemex.
En suma, hay señales de que la percepción de riesgo político podría haber disminuido respecto de 2024 y 2025, pero el problema no se ha disipado. Más bien parece haberse normalizado en un nivel todavía elevado.
¿Puede hacer más el gobierno para reducirlo? Sin duda. La verdadera pregunta es si existen los incentivos políticos para avanzar en las reformas institucionales que darían mayor certidumbre a la inversión. Hasta ahora, parece haber líneas rojas que el con tal de mantener el poder, la cohesión interna al interior del movimiento político y evadir pagar mayores costos políticos, el gobierno no está dispuesto a cruzar.
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