El Paquete Económico 2027 confirma lo que se venía advirtiendo: el espacio fiscal de México, es decir, lo que queda de los ingresos una vez cubiertos el servicio de la deuda, las pensiones contributivas y no contributivas, las participaciones federales a estados y municipios, y la nómina, es cada vez más pequeño. Hoy, más del 75% del Presupuesto está comprometido. Los compromisos presupuestarios absorben prácticamente todos los ingresos tributarios y dejan un margen extraordinariamente pequeño para atender nuevas prioridades. Ante este panorama, varias voces empiezan a pedir una reforma fiscal.
Según datos de la OCDE, en 2024 México tuvo la recaudación más baja de los países miembros, con 18.3% del PIB, frente a un promedio de 34.1%. El desagregar los datos por tipo de recaudación nos da información muy valiosa. En lo que respecta a la recaudación de impuestos federales (como porcentaje del PIB), México no se ve tan mal: somos el 4º lugar en recaudación de impuestos corporativos, el 9º lugar en impuestos al consumo y el 23º en impuestos personales al ingreso. El verdadero rezago está en otro lado: en contribuciones a la seguridad social somos el lugar 32º y en impuestos a la propiedad ocupamos el lugar 30º.
La oportunidad recaudatoria no está en el IVA ni en el ISR que pagamos los contribuyentes cautivos. Está en una informalidad que deja a más de la mitad de los trabajadores fuera de la seguridad social, y en estados y municipios que prefieren vivir de las participaciones federales antes que cobrar el predial.
Pero el problema de fondo no es cuánto recaudamos, sino en qué se gasta. Una reforma fiscal sería prudente si tuviéramos mecanismos para decidir con sensatez el destino de nuestro dinero. Hoy no los tenemos. El presupuesto ya no se discute en un Congreso que sea contrapeso al Ejecutivo; se aprueba para servir a la lógica de control territorial y electoral del gobierno en turno. Más ingresos se traducirían en más transferencias en efectivo con fines clientelares, y no en inversión física productiva, en programas sociales bien diseñados, en educación o en salud.
Antes de hablar de más impuestos, hay tres caminos que deberían explorarse:
Primero, redireccionar el gasto: revisar programas clientelares de repartición de efectivo e invertir en infraestructura pública que verdaderamente tenga rentabilidad social y económica.
Segundo, formalizar a la economía informal, de modo que millones que hoy no contribuyen empiecen a hacerlo, empezando por la seguridad social, donde está la brecha más grande.
Tercero, que estados y municipios cobren los impuestos locales que les corresponden, empezando por el predial, para aligerar su dependencia de la Federación.
Si además, se toman medidas para reactivar el crecimiento económico, la recaudación de IVA e ISR crecerá de manera natural.
En el contexto actual, proponer una reforma fiscal es una mala idea, mejor deberíamos exigir una reorientación del gasto e insistir en revertir la reforma al Poder Judicial que tiene en el estancamiento a la inversión privada.
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