Irán vive hoy algo más que una crisis política: asiste al inicio de una "deshayatolización" del poder. No se trata sólo de protestas contra un gobierno -crisis económica, falta de agua-, sino del cuestionamiento radical a un régimen que hizo de la autoridad religiosa un principio de dominio total: sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la conciencia individual y, como hemos visto en los últimos días, sobre la vida misma.
Primera arista: las libertades perdidas se miden en cuerpos. En Irán, el poder legisla y administra la frontera íntima entre lo permitido y lo prohibido. La mujer que se quita el velo —o que lo lleva “mal”— desafía la pretensión de que el régimen pueda escribir sobre su piel una teología política obligatoria. Y junto al control del cuerpo viene el control de la conciencia: la libertad religiosa como concesión revocable, minorías bajo vigilancia permanente, prácticas convertidas en sospecha, la fe reducida a expediente. Cuando un régimen vigila la ropa y la oración, no queda espacio para la autonomía.
Segunda arista: la matanza dejó de ser un “exceso” y se convirtió en política pública. En medio del apagón informativo se acumulan cifras que ya no caben en la palabra “represión”. Un funcionario iraní citado por Reuters habló de al menos 5 mil fallecidos verificados desde que estallaron las protestas el 28 de diciembre, incluidos unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad. En paralelo, la organización HRANA reporta más de 3 mil 300 muertes y 24 mil detenciones, con miles de casos aún bajo revisión.
A ello se suma la infraestructura del silencio. Cortes intermitentes y apagones de internet y telefonía dejan a las familias sin noticias y al mundo sin evidencia verificable. El Council on Foreign Relations ha documentado el patrón: incomunicación como técnica de control, oscuridad digital como forma de impunidad. Y lo confirman reportajes del New York Times, con testimonios de disparos indiscriminados incluso contra manifestantes desarmados. El régimen reprime y borra las evidencias.
Tercera arista: el riesgo nuclear ya no es un capítulo aparte, sino el eco estratégico de esa misma lógica autoritaria. Antes de los bombardeos de junio contra instalaciones clave, Irán enriquecía uranio hasta 60% y acumulaba alrededor de 440 kilos a ese nivel: material que, refinado, podría bastar en teoría para unas 10 armas. Tras los ataques, el organismo nuclear de la ONU no ha podido reinspeccionar plenamente los sitios golpeados y persiste la incertidumbre sobre capacidades reales. Con inspecciones debilitadas, el escenario se convierte en una ruleta nuclear: diplomacia o escalada.
Y aquí viene lo intolerable: el silencio. Hay comunicados y coaliciones —sí—, pero no el estruendo moral que la causa exigiría. ¿Dónde están las grandes ONG feministas y de derechos humanos cuando la libertad —vida, mujeres, conciencia, protesta— es aplastada a tiros por un régimen teocrático?
En teoría, los derechos humanos no tienen geografía ni patrocinadores. En la práctica, parecen activarse sólo bajo ciertas condiciones. El silencio de buena parte del activismo feminista y de derechos humanos frente a Irán no es neutral: es una toma de posición. Una que revela que, para algunos, los principios no son universales sino selectivos.
