¿En qué se gasta la presidenta tanto poder? Ya cuenta con los votos del Legislativo y las sentencias del Judicial; no le estorban las obligaciones para transparentar y rendir cuentas; las decisiones de órganos autónomos especializados quedaron bajo la tutela de su propio gabinete; gobiernos estatales y municipales guindas se vuelven eco de sus palabras; los pactos con otros poderes fácticos le garantizan obediencia y lealtades; medios de comunicación que son menos vocales o incluso se convirtieron en voceros. Las voces críticas son exhibidas como engendros de maldad tempranito en las mañanas o perseguidas y silenciadas en los estados. Y, si algo fallara, las Fuerzas Armadas recorren caminos y carreteras para ser vistas.
La eficacia de la propaganda para dividir y polarizar al país cumple y da tan buenos resultados, que hoy cualquier persona reduce el universo interpretativo a las anacrónicas categorías derecha e izquierda para juzgar el mundo y determinar alianzas y enemistades. Hemos caído en la trampa y repetimos los términos del discurso oficial para argumentar las resistencias. Las oposiciones partidistas votan en contra, gritan, alertan, pero su voz y esfuerzos apenas reciben la mirada de unas audiencias que han adoptado y hecho suyas las definiciones oficiales sobre su irrelevancia.
En los siete años que Morena ha estado gobernando México, la transformación prometida ha conseguido dotar de dinero en efectivo a muy distintos grupos sociales, a costa de desmantelar programas e instituciones para desviar los recursos sin rendir cuentas. Las promesas incumplidas y las mentiras diarias no causan ni vergüenza porque ya normalizamos la impunidad y el cinismo como forma de gobierno.
Sin embargo, a la jefa de los poderes no le ha servido concentrarlo tanto para disminuir las desigualdades y procurar el crecimiento económico; tampoco para perseguir y castigar los abusos de los de antes ni de los suyos; para reconocer y recibir a las mujeres que cada día arañan la tierra buscando a sus familiares. Todo ese poder no ha sido suficiente para reconstruir los servicios de salud, ni educar mejor a las infancias, ni construir infraestructuras servibles y duraderas. Vamos, no ha servido ni siquiera para proteger los sistemas informáticos y datos personales que deben resguardar las instituciones públicas.
La lista de lo no logrado crece y lleva a pensar que quizás en el proyecto morenista nunca se ha planteado lo que se reclama. ¿Para qué recuperar territorios en manos del crimen, si se convierten en socios u operadores electorales?, ¿para qué tener una población próspera, sana, con empleo formal, educada y capacitada para competir en los mercados mundiales, si con las pensiones del bienestar se tienen los votos verificables?, ¿para qué proteger ríos, selvas, bosques, fauna, mares, si su devastación significa multiplicar negocios?...
Si bien se entiende la intención de una reforma electoral que perpetúe a los gobiernos de Morena, no queda clara la necesidad. A menos, por supuesto, que lo que se busque sea heredar un gobierno “poderoso” sin responsabilidades, un pueblo sumiso, depauperado, enfermo y un país fuera de La Mesa, del Menú y de las listas que atraen inversiones.
