La tribuna pública está concentrada en el caso de Rubén Rocha Moya y aliados denunciados. Los espacios de información, análisis y opinión siguen atentos a cada señal, declaración y movimientos alrededor del tema. No es para menos. Lo que significa y lo que se avecina así lo exigen. Sin embargo, paralelo al asunto y estrechamente vinculado con el manejo comunicacional del oficialismo, hay otros episodios que confirman algo más profundo: la normalización del déficit de las capacidades para gobernar.
En política, hay frases que condensan una visión del poder, la comprensión del Estado o, incluso, el sentido -o ausencia- de la responsabilidad pública. Retomo algunas declaraciones recientes que retratan el modo morenista de exhibir su ejercicio del poder:
La gobernadora de Veracruz nos ha regalado una colección nada desdeñable. La más reciente: “Yo no hablo con ningún líder político de otra fracción”, expresada respecto a posibles acuerdos con el dirigente nacional priista, solo demuestra su renuncia explícita a una de las funciones elementales de la política democrática: el diálogo. Administrar afinidades no complica, procesar diferencias exige oficio y talento. ¿Qué podría contestar cuando se le señala de autoritaria?
En el ámbito operativo, otra declaración exhibió algo más delicado: la precariedad administrativa. En entrevista radiofónica, el almirante responsable del aeropuerto Benito Juárez de la CDMX reconoció que durante los trabajos de remodelación no encontraron los planos del edificio y que “descubrieron” que solo existe una llave para cerrar el suministro de agua, lo que explica los cierres nocturnos de los sanitarios. Sus palabras retratan los años de abandono en mantenimiento e infraestructura (como en el resto del país) y otra obra pública ejecutada por Fuerzas Armadas, sin diagnósticos, planeación, ni información técnica.
En el Estado de México, circular por el periférico y otras vialidades se volvió turismo de riesgo y aventura. Finalmente, la maestra que lo gobierna decidió disponer recursos para un programa de bacheo y reencarpetamiento, dado el deterioro y magnitud del rezago. Al anunciarlo, explicó que se avanzará “como se pueda”. Que una de las tareas más elementales de cualquier gobierno, como es pavimentar, tenga que presentarse como una acción extraordinaria, también coloca en el aparador el nivel de deterioro institucional.
Estos ejemplos no son anecdóticos. Responden a un modelo político donde la subordinación y la sumisión se privilegian sobre la capacidad técnica y en el que el oficio político ha perdido su valor frente a las exigencias de la propaganda. Demuestran la inexistencia de compromiso con un tipo de gestión que resuelva necesidades concretas, sin que se asuma la responsabilidad de Estado en el ejercicio del poder.
Mientras tanto, no sorprende que hoy quien se ha erigido en jefa de los poderes de la Unión despliegue tácticas para ganar tiempo y entregue diariamente una interpretación anacrónica y penosa. El problema ya no es solo narrativo. Es funcional. Y se va reflejando en la credibilidad y en la propia operación cotidiana de las instituciones públicas. La oportunidad de limpiar y cambiar de modelo también está presente.
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