Los morenistas mandan a los jueces de acordeón, pero no a los jueces del mundo. No falta el pedante que se cree con estatura para interpelar a Luigi Ferrajoli, y regañar en su tumba a Hans Kelsen. El hecho real es que la única justicia a la que aspira un mexicano y la que temen los delincuentes (muchos de Morena) es a la internacional.
Un narco mexicano tiembla ante la posibilidad de ir a comparecer, con su traje naranja, en una corte estadounidense, y entraría con una risa en la cara, en una prisión de Veracruz, desde donde seguirá armando francachelas, ordenando lo que quiera, secuestros y extorsiones. En el ámbito mercantil cualquier contrato internacional tiene pactado un arbitraje en Nueva York, en Houston o en California, porque los jueces mexicanos no generan confianza, ni en sus colaboradores.
Por eso acudimos los juristas Juan Marcos Gutiérrez, Rafael Estrada Michel, y el que esto escribe a San José, Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 2 de diciembre de 2025, a denunciar el incumplimiento de algunas sentencias que esos jueces internacionales firmaron contra México. Solicitamos activar el mecanismo de supervisión de cumplimiento de esos fallos, en los casos Radilla Pacheco (2009), Fernández Ortega (2010) y Rosendo Cantú (2010), donde hubo violaciones graves a derechos humanos, y se obligó a México a realizar reformas para tener una tutela judicial efectiva.
México obedeció: entonces modificó en 2011 la Constitución, y la ley de amparo en 2013, para extender la protección a los derechos humanos. Nuestra queja sostiene, en síntesis, que las reformas morenistas al Poder Judicial y a la ley de amparo, son una regresión, y engañaron a la Corte con su dizque acatamiento, al violar el Pacto de San José, porque México ya no tiene jueces “competentes, independientes e imparciales”. No tiene garantías judiciales, como nos obliga el artículo 8 de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ese documento internacional es Ley Suprema de Unión mexicana, según el artículo 133 constitucional. ¿Cómo pedir confianza en México para negociar y rogar a Estados Unidos firmar un tratado comercial, y desconocer por capricho, un convenio de respeto internacional a los derechos humanos? Doble cara. Hipocresía internacional.
La Corte IDH ha resuelto, dos meses después de nuestra denuncia, avanzar y darle vista al gobierno mexicano, a las víctimas o sus representantes y a la Comisión Interamericana con sede Washington, para después emitir una sentencia sobre si México transgrede o no en tener jueces competentes imparciales y profesionales. Con que vea, esa Corte internacional, a nuestra Suprema Corte y a su presidente, se convencerá de que la justicia mexicana es un “disfraz”, palabra de Karl Lowenstein.
