Hay ideas que, en el papel, se defienden solas: una sociedad de iguales, con educación, salud y vivienda garantizadas; un modelo donde la riqueza no se concentra en unos cuantos. Suena razonable. El problema es el cómo. Pues hay atajos que no son tales, sino trampas. Suspender la libertad para “garantizar” la igualdad —además de ser un falso dilema— no construye un pacto social sino que instala un sistema de permisos.
Cuando un modelo político o económico pide cambiar libertad por estabilidad, ofrece seguridad a cambio de docilidad. Y eso es una mutilación cívica. Convierte a ciudadanos en beneficiarios silenciosos, y el bienestar sin agencia —sin voz, sin crítica, sin salida— se vuelve tutela. Por eso la libertad no es un adorno liberal: protege lo más específicamente humano, la condición de agente moral que puede decir sí o no, disentir sin miedo, elegir un proyecto de vida y responder por sus razones.
Cuba fue durante décadas el escaparate favorito de esa promesa. Y, durante un tiempo, hubo resultados suficientes para alimentar la fantasía: la alfabetización como emblema continental; un sistema de salud que, antes de la pandemia, sostenía una mortalidad infantil comparable a la de países ricos. Pero, incluso en sus “mejores días”, la isla pagaba un costo que no cabe en una tabla: la tristeza pública de una vida vigilada, la conversación que se baja de volumen, la desconfianza del vecino, el miedo aprendido.
Hoy el relato se rompió por abajo y por arriba.
Por abajo: la vida material se deshace. La Organización Panamericana de la Salud y la OMS han descrito escasez extrema de insumos y medicinas, con más de 67% de los insumos de la lista esencial afectados; las cirugías cayeron de 1,202,388 en 2019 a 707,580 en 2022. UNICEF registra, además, el repunte de la mortalidad de menores de un año: 7.1 por mil nacidos vivos en 2024, frente a valores prepandemia de 4 a 5 por mil. Dicho sin eufemismos: la salud dejó de ser un derecho efectivo y hoy depende de la lotería del apagón, de la falta de medicamentos, de la lista de espera infinita. La utopía perdió su último argumento.
Por arriba: se endurece el cerco energético y financiero. La crisis de combustible y los apagones obligan a posponer, racionar, apagar; y Washington aprieta con castigos comerciales a países que exporten combustible a Cuba. No es la única causa —nunca lo ha sido—, pero sí un acelerador de un sistema exhausto.
Lo sorprendente no es que Cuba esté en crisis sino que todavía haya quien defienda el relato; esa persistencia parece decir menos sobre la isla que sobre una identidad política que necesita oponerse a Washington incluso a costa de la libertad ajena.
En ese contexto, la ayuda humanitaria enviada por vía gubernamental funciona como oxígeno político para el sistema, no como alivio para los ciudadanos. En un país donde el Estado controla la distribución y la narrativa, esa fórmula vuelve a la ayuda parte del conflicto. Hay alternativas más limpias: la asistencia canalizada por la Iglesia —Cáritas, parroquias, redes eclesiales— tiene legitimidad social y capilaridad real; reduce la propaganda, llega directo a los más vulnerables y abre un mínimo espacio de confianza.
Cuando el presupuesto se encoge y el subsidio se termina, se ve el verdadero costo del modelo. Sin libertades y pluralismo no hay vías de corrección: no hay alternancia, no hay prensa, no hay competencia política, no hay contrapesos que obliguen a rectificar. Sólo queda el régimen repartiendo escasez y reprimiendo el descontento, mientras la gente busca su salida.
No hay utopía sin libertad: el experimento socialista cubano fue distópico desde su origen.
