Las señales y los mensajes no dejan lugar a dudas. Los gobiernos morenistas no tienen el menor reparo en reafirmar su vocación populista y autoritaria. Concentrar el poder para desmantelar instituciones, para apropiarse de los dineros públicos sin medir resultados, ni rendir cuentas y aliarse con el crimen organizado ya no se disfrazan.
Este régimen replica y refuerza prácticas cuya eliminación costó décadas. En México se está restaurando el autoritarismo. Se fortalece el sistema de la voz única, del avasallamiento del distinto, del desprecio a la verdad y de la burla a la ley. Hoy, además, pagamos el desvío de los presupuestos públicos a obras faraónicas inútiles e inservibles y a la sustitución de atención y servicios públicos por programas sociales con intención electoral. Habitamos un país con infraestructura y servicios públicos cada vez más deficientes, con poblaciones que viven con miedo , con la corrupción impune y descendiendo lugares en las calificaciones internacionales sobre políticas públicas.
No hay día que la prensa no recoja expresiones que no solo exacerban la división social, sino exhiben el espíritu que guía el ejercicio guinda del poder. Sólo en esta semana atestiguamos que representantes populares califican de traidores a la patria a quienes tienen doble nacionalidad y pretenden que la ley limite y persiga la libertad de expresión. En la estridencia cotidiana, hasta quien encabeza la institución de la diplomacia exhibe con majadería su intolerancia a la crítica.
Esta es la normalidad que Morena ha conseguido para gobernar. Y para consolidarla ha debilitado la autonomía de las instituciones que organizan, arbitran y juzgan los procesos electorales. Hace unos días, en esta plataforma, Ma. del Carmen Alanís enlistó las razones que hacen obligatoria la salida del INE de su presidenta y algunas consejerías. A esta demanda, podría agregarse a magistraturas del TEPJF.
No se trata solamente de quién ocupa esos cargos, sino de la confianza que generan sus decisiones. El INE llegará a 2027 después de aprobar en 2024 una sobre-representación en el Congreso que no decidió el electorado y de una elección judicial en la que sus propias consejerías documentaron la distribución generalizada de los llamados “acordeones” y cinco de ellas consideraron que las irregularidades impedían declarar válida la elección. El TEPJF, sin embargo, confirmó la validez de ambas irregularidades. Incluso, hoy la Sala Superior enfrenta el proceso electoral de 2027 con sólo cinco de las siete magistraturas previstas.
¿Cómo pedir al electorado que confíe en quienes deberán organizar, arbitrar y resolver las controversias de la próxima elección cuando los propios órganos electorales han exhibido profundas discrepancias sobre la gravedad de las irregularidades y cuando el tribunal que debe garantizar la certeza electoral llega a 2027 con una integración incompleta y decisiones contrarias en ocasiones a sus propios precedentes?
La democracia no se basa únicamente en urnas, boletas y resultados. Se sostiene en la confianza de que quienes organizan la rececpción y conteo de los votos, califican las elecciones y resuelven las controversias no responden al poder que deben vigilar. Si esa confianza se pierde, lo que está en riesgo no es solamente una elección: es la legitimidad de sus resultados. ¿A eso le apuesta Morena?
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