Necesitamos pensar distinto por qué México no crece. ¿Y si parte de la respuesta estuviera en que sus tres órdenes de gobierno no están bien organizados entre sí? El Presupuesto de Egresos es un buen lugar para verlo.
Empecemos por la restricción ideológica. Monopolizar la política energética y el suministro de hidrocarburos, combustibles y electricidad está resultando contraproducente. Se hizo en nombre de una soberanía mal entendida: la soberanía moderna no consiste en ser dueño de las empresas, sino en regular bien la economía. El costo lo pagan estados y municipios, que no pueden autorizar generación, conectar un parque industrial a la red ni desarrollar el gas de su subsuelo, y dependen de dos monopolios de Estado sobre los que no tienen voz.
Los resultados están a la vista. La producción de petróleo crudo —sin condensados— pasó de 1.8 millones de barriles diarios en 2018 a 1.367 millones en 2025, el nivel más bajo desde 1979. Conviene detenerse ahí. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal entró en vigor en 1980, en el pico del auge petrolero. Las entidades cedieron sus potestades sobre ingreso y consumo a cambio de participaciones, bajo el supuesto de que la renta petrolera alcanzaría para todos. Hoy producimos menos crudo que antes de aquel pacto. El trato se descapitalizó y nunca se renegoció.
Mientras tanto, 91 de cada cien empresas instaladas en parques industriales reportan dificultades para garantizar su suministro eléctrico, y la vacancia industrial del norte pasó de 1 a 7 por ciento entre 2023 y 2025. Llegó la oportunidad del siglo y no había con qué conectarla.
Vayamos al presupuesto. El proyecto para 2027 propone un gasto de 10.6 billones de pesos. La cifra consolida al gobierno federal con IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE, de modo que hay que separarla. El gobierno federal propiamente dicho presupuesta 8.7 billones, de los cuales 5.7 billones son gasto programable.
Enfrente, los ingresos totales de las 32 entidades rondarán 3.023 billones de pesos. El gasto programable federal equivale a casi el doble de los ingresos totales de todas ellas juntas. Pero el dato decisivo es otro: de esos tres billones, apenas medio billón son recursos propios, diecisiete centavos de cada peso. Si se excluye a la Ciudad de México, las 31 restantes financian casi nueve de cada 10 pesos con participaciones y aportaciones. Sólo el gasto programable federal equivale a casi 11 veces lo que las entidades pueden recaudar por cuenta propia.
No es un accidente: es la decisión política de fines de los 70 que dio al centro exclusividad sobre las dos bases tributarias más relevantes, ingreso y consumo. El impuesto sobre inmuebles quedó en manos de municipios y Ciudad de México.
Esa es la anomalía mexicana. En la OCDE, los gobiernos subnacionales ejercen cerca de 40 por ciento del gasto público y 55 por ciento de la inversión pública. El problema mexicano no está sólo en cuánto gastan estados y municipios, sino en cuánto recaudan y cuánto deciden: 4.7 por ciento de la recaudación tributaria, contra 30.7 de Brasil. Descentralizamos el gasto y dejamos el ingreso y la decisión en el centro.
La contradicción federal es evidente. En 2027 el gobierno federal contratará financiamiento neto por 1.57 billones de pesos y ejercerá inversión por 749 mil millones. Se endeudará por más del doble de lo que invierte; el resto sostiene gasto corriente. A las entidades, en cambio, les impuso otra regla: sólo pueden endeudarse para inversión pública productiva. La regla de oro que la Federación exige a las 32 se la dispensa a sí misma.
¿Por qué importa para el crecimiento? Porque un gobierno que vive de lo que su economía produce tiene incentivos para hacerla crecer. Le conviene que abran empresas, se formalice el empleo, el catastro esté al día y haya agua, carretera, energía y policía. A un gobierno que recibe nueve de cada 10 pesos por fórmula le rinde más una gestión ante Hacienda que una década de desarrollo económico.
El resultado se ve en el predial. México recauda por ese concepto apenas una décima parte del promedio de la OCDE, y menos de seis de cada cien municipios tienen su catastro actualizado. Bienvenida la iniciativa para armonizar catastros y registros, aunque dice mucho del país que hasta el remedio de una potestad municipal tenga que diseñarse en el centro.
El crecimiento nacional es la suma de lo que ocurre en 32 entidades y más de 2,400 municipios. La inversión no aterriza en una oficina central: aterriza en un parque industrial con energía, junto a una carretera secundaria, en un municipio que puede o no garantizar seguridad.
Se captura, o se pierde, desde abajo.
PD. Sobre esto hablaré con Luis Foncerrada y Gerardo Leyva en “Inversión y Crecimiento: ¿Un nuevo paradigma?”, en la LXXXVI del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, Facultad de Economía, Live en Facebook, el 29 de septiembre a las 12:00 hrs.
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