Leo con preocupación las opiniones de “expertos” y analistas que han calificado el paquete económico como “responsable, pero sujeto a muchas vulnerabilidades”, o con expresiones semejantes. Con toda franqueza, discrepo de ese trato diplomático. La política fiscal propuesta para 2027 no es responsable: normaliza el endeudamiento para financiar gasto corriente y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo más grave es que esto ocurre en un contexto en el que el Congreso de la Unión ha dejado de actuar como contrapeso efectivo del Poder Ejecutivo, pese a que tiene la obligación constitucional de discutir, modificar y aprobar tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos, además de autorizar el límite de endeudamiento.
De manera categórica, califico la política fiscal propuesta para 2027 como irresponsable y negligente por una razón central: plantea un endeudamiento público sustancialmente mayor que la inversión. En el sector público en su conjunto —que consolida las necesidades de financiamiento del gobierno federal con las de Pemex y CFE, mientras IMSS e ISSSTE no tienen autorización para endeudarse— la brecha entre financiamiento e inversión asciende a 346.3 miles de millones de pesos. En el caso del gobierno federal, el dato es todavía más alarmante: el endeudamiento supera a la inversión en 942.9 miles de millones de pesos, equivalentes a 2.4% del PIB.
Dicho de otro modo, los ingresos recurrentes del gobierno federal —impuestos, derechos, productos y aprovechamientos— no alcanzan para cubrir su gasto de operación, incluidas las transferencias en efectivo, las pensiones y el costo financiero de la deuda. Para pagar esos rubros debe endeudarse por 942.9 miles de millones de pesos, además de contratar 748.7 miles de millones adicionales para financiar inversión física e inversión financiera. El resultado es un déficit del gobierno federal de 1.7 billones de pesos en 2027, equivalente a 4.3% del PIB. Esas son las cifras implacables detrás de la narrativa oficial.
Al consolidar las cuentas con Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, ese déficit se diluye: así SHCP presenta un balance presupuestario de 3.4% del PIB —1.36 billones de pesos— que, al sumarle el diferimiento de pagos, llega a 3.8%. Esa cifra, muy inferior al 4.3% que corresponde al gobierno federal, es la que miran mercados y calificadoras, concentrados en los requerimientos financieros del sector público y en su saldo histórico, sin entrar a la composición del déficit. Además, los “superávits forzosos” de Pemex y CFE, obtenidos por reprimir la inversión física que esas empresas y el país necesitan para crecer —y que cayó de 1.7% del PIB en 2022 a 0.8% en 2027—, reducen contablemente el déficit de la carátula. Pero el problema de fondo permanece: el Gobierno Federal está financiando gasto no productivo con deuda, o posponiendo la recaudación de impuestos.
Esto no es un asunto menor. No sólo por el tamaño del déficit, sino porque revela un incumplimiento recurrente del principio constitucional que limita el endeudamiento público. El artículo 73, fracción VIII, es claro: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, salvo los de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los contratados durante una emergencia declarada conforme al artículo 29. Ninguna de esas excepciones aplica aquí. Y no es el desliz de un año: entre 2019 y 2027 el gobierno federal habrá contratado 5.7 billones de pesos de deuda que no financiaron inversión alguna, ni física ni financiera.
Tampoco hay señales, desde el segundo año del gobierno anterior, de un interés auténtico por impulsar la inversión pública en infraestructura productiva —Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya no cuentas porque aún requieren subvenciones para operar—: la prioridad ha sido ampliar el número de beneficiarios de apoyos y becas, aun cuando ello reprima cada vez más el espacio fiscal para educación, salud e inversión pública productiva.
A esto se suma la incapacidad de generar un superávit primario que contenga la bola de nieve del pago de intereses. El sector público consolidado presume uno de 0.2% del PIB en 2027, pero no lo genera el gobierno federal: éste acumula su séptimo déficit primario consecutivo desde 2021, de 319.8 miles de millones de pesos, 0.8% del PIB. El superávit de la carátula lo aportan Pemex y CFE, con 0.8% del PIB, y el IMSS y el ISSSTE, con 0.2%.
Aunque para 2027 el costo financiero del sector público se reduce ligeramente como proporción del PIB, el del gobierno federal no cede: alcanza 1.37 billones de pesos, 148% más que en 2021. Por cada peso que invierta en 2027, el gobierno federal pagará 1.83 pesos de intereses, y uno de cada cuatro pesos de sus ingresos netos de participaciones (parte de la recaudación que pertenece a las entidades federativas) se destinará al servicio de la deuda. Si a esto se agrega el aumento de las transferencias en efectivo —programas sociales incrustados como derechos en la Constitución—, el gasto destinado a educación y salud queda cada vez más reprimido.
Definitivamente, ésta no es una política fiscal responsable. Nos aleja de la trayectoria necesaria para conservar el grado de inversión y, peor aún, hereda a las próximas generaciones una carga de impuestos inmerecida. Endeudarse para financiar gasto corriente e ineficiencias no es prudencia fiscal: es trasladar al futuro el costo de decisiones que el presente no quiere asumir.
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