¿Dónde está la integridad pública en México? El cúmulo de problemas públicos que el Estado mexicano es incapaz de resolver en nuestros días delata una situación de ausencia de gobernanza que, entre otras manifestaciones, revela una crisis de rendición de cuentas y fiscalización que da paso a la impunidad.
La integridad pública, definida por la OCDE como la alineación y la adhesión a los valores éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados, se enfoca no solo en la disuasión y la obligación de hacer cumplir la ley sino también en la toma de decisiones basada en valores éticos en beneficio de la sociedad.
En México, con el advenimiento de la democracia liberal, surgieron claras oportunidades para limitar el poder del Estado, fortaleciendo la separación de los poderes constitucionales y estableciendo un marco jurídico para la protección de las minorías y para prevenir la tiranía de las mayorías. Central en este proceso fue la creación de entramados jurídicos y órganos de Estado para que actuaran como pesos y contrapesos, limitando así el poder metajurídico del Poder Ejecutivo.
El proceso estuvo acompañado por un despliegue notable de reformas constitucionales y legislativas, producto de la nueva democracia, destinados a reforzar los procesos de responsabilidad hacendaria en sus fases de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación transparencia, fortalecimiento administrativo, registro contable, rendición de cuentas, control interno y fiscalización. Involucró también la creación de instituciones exprofeso y por el fortalecimiento de las ya existentes. Todo ello con el fin de hacer posible que los recursos públicos se administraran con eficiencia, economía eficacia, transparencia y honradez, es decir, con integridad pública.
Central en este proceso es la rendición de cuentas que en la Constitución política se establece como un régimen integral basado en la transparencia, el control y la fiscalización que exige a los servidores públicos informar, justificar el uso de los recursos públicos y asumir responsabilidades.
La integridad pública en el marco de las reformas democráticas de México representó la oportunidad histórica de enmendar el rumbo de la nación para generar confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Su instrumentación comprometió la construcción de un ecosistema de integridad pública, es decir, de un sistema dinámico de actores, procesos, y valores interconectados que trabajan para alcanzar un estado de honestidad, transparencia y buen gobierno, el cual se encuentra su equilibrio dinámico por el balance entre las acciones, las reglas y los principios éticos.
Este sistema, que tuvo notables avances durante la democracia liberal se ha visto obstaculizado por las acciones impulsadas por la cuarta transformación para desmantelarlo. Eventos y decisiones políticas graves trastocaron el camino andado: Texcoco, Dos Bocas, el Tren Maya, entre otros. Las brechas de implementación en la estrategia de integridad pública se manifiestan en la falta de previsibilidad del marco legal y normativo que regula el actuar público, la falta de transparencia, previsibilidad y resultados en la gestión de los recursos públicos, la debilidad en la evaluación de resultados, el control interno y la fiscalización superior. El riesgo de que se incumplan las normas y los códigos de ética se incurra en responsabilidades de los funcionarios públicos y se fomenten prácticas ilegales es muy alta. No hay fiducia pública.
En el problema público protagonizado por la SEP y la CNTE, que afecta de manera grave la educación de niños y jóvenes, cabe preguntar, ¿cuánto ha costado, de dónde han salido los recursos, quién los ha autorizado, dónde están el control interno, la ASF y la supervisión legislativa? ¿Dónde está la integridad pública?
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