“La falta de confianza es la madre de todas las crisis”
Kristalina Georgiva, directora-gerente del FMI
Una sociedad progresa cuando hay fiducia en el Estado, cuando los ciudadanos depositan su confianza en las instituciones que amparan su seguridad y su bienestar y cuando hay rendición de cuentas. Sin confianza, la sociedad cae en un abismo.
La fiducia del Estado consiste en la confianza pública y en el mandato fiduciario implícito que los ciudadanos otorgan a sus gobernantes para que administren el poder y los recursos públicos en beneficio exclusivo del interés social, no de intereses particulares. En las democracias liberales, este moderno contrato social consiste en que los ciudadanos ceden parte de su libertad y otorgan soberanía a las instituciones bajo la promesa de que éstas garantizarán sus derechos, seguridad y justicia. Exige un comportamiento ético, probidad de los funcionarios públicos y apego estricto a la ley.
En el plano internacional los Estados nacionales actúan de manera fiduciaria cuando establecen relaciones de intercambio al amparo de tratados, convenios y leyes y éstos se respetan.
El México de nuestros días vive una crisis de confianza. De una sociedad de la confianza hemos pasado a una sociedad de la suspicacia, términos acuñados por André Peyrefitte (1995). La visión de una sociedad en que sus partes trabajan juntas para promover la armonía social, en que la fiducia es la base de todas las instituciones, ha quedado supeditada a una visión política que arrastra al país a una crisis de fiducia del Estado de proporciones épicas.
La suspicacia ciudadana tiene sobrados motivos para recelar del Estado, producto de una profunda polarización política, la erosión institucional, y la normalización de la violencia. Exacerbada por narrativas gubernamentales divisivas, la polarización moral divide al país de manera binaria: el “pueblo bueno y sabio” contra los adversarios, ahora también llamados “enemigos del pueblo”. Lo correcto ya no depende de la ley sino de la lealtad política al movimiento. El ciudadano deja de pertenecerse a sí mismo para formar parte de una maquinaria socializante en la cual difícilmente entiende cuál es su papel. Está enajenado. Con la erosión de la legalidad, se normaliza el desacato a las leyes.
La fiducia, que en la democracia liberal facilita la coalescencia social, proceso en el cual principios éticos, perspectivas sociales e individuales convergen y se integran, en la autocracia se rompe, produciendo anomia o ausencia de normas y desintegración social. La normalización de la violencia implica que, ante la impunidad crónica, la sociedad experimenta una desestabilización ética frente a fenómenos muy graves como las desapariciones forzadas, los desplazados, los homicidios y la extorsión. Hay una crisis de respeto a la vida.
Se educa en la desconfianza. Materiales educativos abordan la historia nacional y la realidad nacional dividiendo al país, fomentando la desconfianza mutua e impide que los ciudadanos de diferentes clases sociales, regiones e ideologías colaboren en las mejores causas cívicas. La información del Estado se convierte en arma. La lucha de clases propiciada por el Estado está en marcha.
El contrato social se fractura cuando se quiebra el pacto de confianza entre el Estado y la sociedad. En el extremo puede darse el caso de que el Estado deje de cumplir su propósito fundacional, situación encubierta por la obediencia pasiva, ciudadanos sometidos a las autoridades por inercia, conformidad o miedo.
Esta situación de desconfianza sólo será superada cuando se reponga en el país la democracia liberal con sus instituciones, sus pesos y sus contrapesos, con su rendición de cuentas y cuando vuelva a imperar la ley. No antes.
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