El sábado 16 de mayo, Morena convocó a una manifestación en la capital de Chihuahua, contra la gobernadora Maru Campos. Todo le salió mal.
El pretexto era acusarla de haber trabajado coordinadamente con agentes de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio en la zona de la sierra de chihuahuense. Si bien la presencia de los agentes es un hecho, ya que murieron en un accidente junto con elementos de corporaciones estatales, su papel exacto nunca quedó del todo claro y las versiones de los funcionarios locales, incluida la gobernadora, estuvieron llenas de contradicciones. Aun así, la opinión pública se puso del lado de Maru Campos, porque los hechos ocurrieron en un contexto de lucha contra grupos criminales, esos grupos que tienen azotada a la ciudadanía a lo largo y ancho del país.
La poderosa maquinaria propagandista del régimen no logró posicionar a la gobernadora panista como “traidora a la patria”. Al contrario, la convirtió en figura de oposición combativa y valiente. Se les volteó la opinión ciudadana, se encendió la polarización y brotaron voces a favor de la colaboración con agencias norteamericanas para resolver el dominio del crimen organizado que padece México.
La opinión se encendió aún más cuando, unos días después del escándalo por la presencia de agentes de la CIA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve colaboradores de ese gobierno. La Fiscalía del Distrito Sur de NY los vinculó con operaciones de narcotráfico asociadas al grupo criminal de “Los Chapitos”, acusados de producir cantidades industriales de fentanilo en sus narcolaboratorios y enviarlo a Estados Unidos, provocado cientos de miles de muertes en ese país.
El contraste no pudo ser más claro: por un lado, Maru Campos colabora, incluso con agencias extranjeras para desmantelar un mega narcolaboratorio. Por el otro, Rocha Moya y otros morenistas, colaboran con los grupos del crimen organizado para enviar drogas a ese mismo país. Difícilmente podría ilustrarse de forma más clara cuáles son los caminos que toman los gobiernos ante los grupos criminales.
Morena, encabezado por Ariadna Montiel y Andy López Beltrán, junto con otras figuras como Andrea Chávez –aspirante al gobierno de Chihuahua– intentó brincar la crisis convocando a una megamarcha, todas las figuras importantes del movimiento se unieron a la convocatoria. El resultado fue un fiasco. Prometieron 200 mil asistentes; llegaron menos de 10 mil, aunque la dirigencia reportó 20 mil. La llegada de Ariadna y Andy al aeropuerto fue caótica: abucheos, empujones y golpes a su camioneta. Andy no dio una sola declaración y se la vivió escoltado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, mientras la gente le preguntaba cuándo sería la marcha en Sinaloa contra Rocha Moya. Un costoso dispositivo de acarreo desde todo el país quedó exhibido y frustrado, porque ciudadanos de Chihuahua bloquearon las carreteras para impedirles la entrada. La ciudad amaneció tapizada de lonas que denunciaban los nexos criminales del régimen. La marcha fue pobre y caótica: cambiaron la ruta, los líderes llegaron tarde y salieron huyendo para no enfrentar a la ciudadanía que los confrontó ni a la prensa que los cuestionó, hubo confrontación entre ciudadanos y personas acarreadas, lo cual tensó el ambiente en las calles.
Chihuahua le dio a Morena un golpe de realidad y puso el ejemplo al resto del país.
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