En días pasados tomó relevancia una noticia que en otro momento pudo pasar desapercibida, sino es porque las víctimas hicieron algo impensable, en su desesperación, se hincaron y pidieron ayuda al gobierno de Donald Trump. Gracias a eso, los medios, las redes sociales y la presidenta voltearon a verlos.
Se trata de aproximadamente 800 familias nahuas obligadas a salir de sus comunidades de Xicotlán, Tula y Acahuetlán, en el municipio de Chilapa, Guerrero. El grupo criminal Los Ardillos las atacó con armas de grueso calibre y drones con explosivos. Huyeron a una comunidad vecina y se refugiaron en una cancha y en la iglesia del lugar. Desde ahí, sin luz, sin comida, despojados de todo, denunciaron que llevan días bajo el asedio criminal y que ningún orden de gobierno les prestó atención. Una semana después, la presidenta reaccionó y envió a la secretaria de Gobernación.
El fenómeno no es nuevo. Es gravísimo y se vive a niveles de países en conflicto bélico, pocos le prestan atención. El informe Travesías Forzadas del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, elaborado en colaboración con ACNUR, documentó que en 2024, al menos 28 mil 900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares en 72 eventos de desplazamiento interno registrado en 13 estados, un aumento de 129% respecto a 2023. El 2025 reportó números similares y 2026 ya acumula, en sus primeros meses, casos graves y numerosos como los de Guerrero y el éxodo reciente en la Tierra Caliente de Michoacán.
Como todo en este país, no hay monitoreo oficial ni cifras de las autoridades. Es la sociedad civil la que se preocupa y trata de visibilizarlo.
Aunque las familias de Guerrero lograron llamar la atención estos días, hay estados aún más afectados, como Chiapas que registró 17 mil 860 personas desplazadas en 20 eventos; Sinaloa, 4 mil 480; seguidos de Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz.
El informe de la Ibero relata que casi 80% de esos desplazamientos fue provocado por violencia directa, ataques armados o amenazas. El resto, por desastres naturales o causas sociales.
Más allá de las cifras que son frías pero necesarias, es importante no perder de vista que se trata de poblaciones enteras que viven el horror de ser expulsadas de sus comunidades. Familias obligadas a abandonar su patrimonio, sus afectos, sus tierras, sus animales… Los criminales, muchas veces, aliados a los gobiernos locales les hacen sentir que ya no pertenecen al lugar donde se han establecido desde generaciones atrás. Viven el despojo absoluto. Les obligaron a vivir en una miseria aún más profunda de que la ya padecían. No se trata de una simple mudanza, se trata de la necesidad de huir de sus hogares con lo que traen puesto, sin saber si algún día regresarán, agotados y empobrecidos por la extorsión, el cobro de piso, las balas, las tierras que no pueden trabajar porque se acabó la vida económica de la zona, porque corren el riesgo de explotar por el aire víctimas de las minas antipersona que los criminales siembran en sus caminos y milpas.
Para el gobierno no existen. Algunas organizaciones los cuentan y les dan seguimiento. Son los desplazados por el crimen organizado, que caminan ante la mirada indiferente de los gobiernos asociados con sus verdugos. Nadie pregunta a dónde van. Nadie responde quién se hizo cargo de ellos, quién los recibió, ni cuánto han perdido. Esa indiferencia no es descuido, es una forma de complicidad…
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