El proceso electoral de 2027 ya no está tan lejos. En unos meses iniciará formalmente la ruta institucional que conducirá a la renovación de los poderes públicos. Sin embargo, más allá de los calendarios legales, la competencia política ya comenzó. Los actores se mueven, los partidos toman posiciones y los aspirantes buscan ocupar espacios. El partido empezó, aunque el silbatazo oficial todavía no haya sonado.
El problema es que los hechos políticos avanzan más rápido que las reglas que deberían ordenarlos.
Las definiciones internas de los partidos, las giras, los posicionamientos públicos y la construcción de estructuras territoriales han comenzado a configurar una dinámica sucesoria que inevitablemente influye en la competencia nacional. Más preocupante que el adelantamiento de los tiempos es la ausencia de una regulación actualizada que permita garantizar condiciones de equidad para todos.
La experiencia democrática mexicana ha demostrado que la certeza no se construye sobre la marcha. Las reglas deben estar definidas antes de iniciar el juego, no cuando éste ya se encuentra en desarrollo. Por ello resulta preocupante que las nuevas realidades políticas y tecnológicas (desde la promoción anticipada, hasta el uso de inteligencia artificial y las nuevas formas de propaganda digital), todavía carezcan de lineamientos suficientemente claros.
La advertencia no proviene únicamente de académicos o de observadores externos. Desde el propio Instituto Nacional Electoral han surgido voces de alerta. El consejero Arturo Castillo ha insistido en la necesidad de emitir reglas preventivas y ha advertido sobre los riesgos que representan los procesos políticos adelantados para la equidad de la contienda y, en consecuencia, para la legitimidad de sus resultados. Sus planteamientos, sin embargo, no han encontrado consenso dentro del Consejo General.
Y ahí reside una paradoja inquietante. Cuando uno de los propios árbitros pide reglas para ordenar el juego y éstas no llegan, la preocupación deja de ser partidista y se convierte en una señal institucional.
La oposición tampoco ayuda demasiado. Mientras algunos actores ya recorren el país, construyen estructuras y posicionan nombres, los partidos opositores siguen sin ofrecer una ruta clara, un liderazgo visible o una estrategia que haga pensar que comprenden la magnitud de lo que está en juego. Pareciera que unos ya están disputando el partido y otros todavía esperan que alguien les avise que comenzó.
La democracia mexicana ha sobrevivido gracias a instituciones capaces de generar confianza. Pero la confianza no es automática. Requiere reglas claras, árbitros fuertes y actores dispuestos a respetar límites. Los vacíos regulatorios nunca permanecen vacíos; terminan llenándose con ventajas indebidas, interpretaciones convenientes y hechos consumados.
En política, como en el futbol, el problema no es que los jugadores entren a la cancha. El verdadero riesgo aparece cuando el partido comienza y el árbitro todavía no tiene el reglamento en la mano. Si las reglas llegan tarde, la confianza se pierde mucho antes del silbatazo final.
Desde la ciudadanía, nosotros debemos exigir a las autoridades que se emitan esas reglas de la competencia, que regulen desde los actos anticipados de precampaña, hasta el día de la elección, que sean claras y que se apliquen de manera neutral. Las mayorías afines al gobierno en el INE y el TEPJF, difícilmente avanzarán, pero nosotros debemos convertirnos en la fiscalía ciudadana para la protección de nuestro voto libre y auténtico. ¿Qué estamos haciendo?
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