La necesidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos surgió en el periodo de la hiperglobalización de los mercados de los años 80, impulsada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
México se encontraba en una situación económica crítica heredada del pasado proteccionista, asfixiado por una profunda crisis de la deuda externa y altamente dependiente de las exportaciones de petróleo.
Para ganar competitividad en la exportación de manufacturas, México tuvo que abrirse a la importación de partes y componentes del sector manufacturero, primero de manera unilateral y luego al ingresar al GATT, en 1986, de manera recíproca.
Posteriormente, en 1991, una vez derrumbado el Muro de Berlín y con la liberación de Europa oriental del yugo soviético, comenzaron las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para el TLCAN (hoy T-MEC), lo que consolidó al país como potencia exportadora de manufacturas y otros productos, como los agropecuarios, aprovechando sus ventajas competitivas.
El proceso que estamos presenciando en torno al T-MEC no será una simple revisión, sino una renegociación compleja. Estados Unidos buscará endurecer las reglas de origen debido a su conflicto comercial con China para frenar la entrada de componentes a través de México.
Los incumplimientos de México en materia energética son otro factor agravante.
Las reformas al Poder Judicial en México son una falta más al acuerdo. La politización de los juzgadores vulnera las condiciones de equidad del tratado.
El mundo no se ha vuelto proteccionista, aunque el proteccionismo sea una postura particular de Estados Unidos debido a su administración actual. El resto del mundo (incluidos la Unión Europea, ASEAN, China, India, Mercosur y el CPTPP) sigue expandiendo el libre mercado.
En unos años China rebasará a Estados Unidos tanto en tamaño económico como en capacidades tecnológicas. Por ello, México debe ser cauteloso en la renegociación del T-MEC para minimizar el costo para su relación con los países asiáticos, especialmente considerando que será anfitrión de la APEC en 2028.
A diferencia del pasado, la agenda comercial y la de seguridad ya no siguen vías separadas.
El gobierno estadounidense exige resultados en materia de seguridad, como el combate efectivo al crimen organizado y al tráfico de fentanilo para avanzar en la agenda comercial. Los pasivos de seguridad debilitan nuestra posición comercial.
La soberanía es la capacidad y el poder que tiene un Estado para gobernarse a sí mismo, crear sus propias leyes y tomar decisiones sobre su territorio, sin estar subordinado a ninguna otra autoridad, interna o externa.
Los acuerdos internacionales son necesarios para prevenir posibles conflictos y lograr beneficios mutuos, pero implican una cesión de soberanía.
En el T-MEC, como en la Unión Europea, los estados miembros ceden soberanía en materia comercial para aprovechar sus ventajas competitivas.
Ante el debate sobre la soberanía nacional frente a las exigencias de los socios extranjeros por cuestiones de seguridad, existe una contradicción en el discurso, puesto que hay zonas de nuestro territorio que el crimen organizado controla.
Estados Unidos tiene razón al exigir la eliminación o la reducción de los envíos de fentanilo desde nuestro territorio, que han causado cientos de miles de víctimas, y en exigir justicia contra los perpetradores de tales crímenes. Como en los problemas ambientales con externalidades negativas, el reclamo estadounidense es fundado.
Para evitar dar concesiones comerciales gratuitas bajo presiones de seguridad, es necesario que México "limpie la casa" y busque un acuerdo de seguridad bilateral integral que delimite los derechos y obligaciones de ambas partes y aborde también las fallas del lado estadounidense, como el consumo desmesurado de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia México.
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