Tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano"
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Tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano"
En la mañanera de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para hacer otra ronda de defensa a favor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, e insistió en que Washington debe presentar pruebas suficientes.
Dijo que es lamentable que al gobernador de Sinaloa y los otros nueve exfuncionarios y funcionarios señalados por su relación con "Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa, ya los habían "juzgados" sin que todavía hubiera una investigación.
"Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano".
Sheinbaum repitió en varias ocasiones que se deben presentar pruebas en contra de los 10 acusados y en seguimiento a las leyes nacionales con la investigación de la Fiscalía General de la República y en todo caso, de encontrarse, se procedería a ejecutar el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.
"Las instituciones de hoy son para garantizar el estado de derecho y el bienestar del pueblo. Nosotros tenemos, afortunadamente, por nuestra historia, una constitución que establece claramente la política internacional, la política exterior, y ahí claramente se dice: 'la defensa y la soberanía de los pueblos'", enfatizó.
"La presidenta está fuerte, está sólida, está tranquila", señaló en otro momento y descartó que el caso la ponga entre la espada y la pared con este caso.
El pasado 29 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
El mandatario estatal enfrentaría una cadena perpetua o 40 años de prisión por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
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