Culiacán Sin.- La suspensión de nuevos registros en Jóvenes Construyendo el Futuro para lo que resta de 2026 podría parecer una decisión administrativa. El gobierno sostiene que alcanzó la meta anual de 500 mil beneficiarios y que las inscripciones reabrirán en enero de 2027. Quienes ya participan conservarán su apoyo económico y su seguro médico. Sin embargo, el anuncio abre una discusión que va más allá de un programa social: ¿cómo financiar las necesidades de un país que requiere inversión, mantenimiento y oportunidades?
No se puede afirmar que México se quedó sin dinero porque se agotó el presupuesto de un programa. Pero tampoco debemos ignorar una realidad económica que obliga a revisar las prioridades públicas y la capacidad del Estado para obtener ingresos suficientes. Una cosa es cumplir una meta administrativa; otra, responder a las necesidades de la sociedad.
En todo el país hay obras inconclusas, infraestructura que requiere mantenimiento y comunidades que esperan servicios. En Sinaloa, el desafío es visible en las actividades que sostienen a miles de familias: agricultura, ganadería, pesca y acuacultura. Reactivar esos sectores exige más que discursos y apoyos temporales: hacen falta infraestructura, financiamiento y condiciones para generar valor y empleo.
El problema de fondo es cómo conseguir los recursos. Las obligaciones del Estado crecen: seguridad, salud, educación, programas sociales, carreteras, agua y mantenimiento de instalaciones públicas compiten por un presupuesto limitado. Si la economía avanza poco y la recaudación no aumenta de manera sostenible, cada nueva necesidad se convierte en una disputa por recursos que no alcanzan para todo.
Aquí aparece una contradicción política que merece discutirse. La Cuarta Transformación se presenta como un proyecto de izquierda, comprometido con reducir la desigualdad y distribuir mejor la riqueza. Sin embargo, el gobierno ha evitado impulsar una reforma fiscal amplia que fortalezca los ingresos públicos y revise la contribución de quienes tienen mayor capacidad económica.
Hablar de una reforma fiscal progresiva no significa aumentar indiscriminadamente los impuestos ni cargar el costo sobre las familias que apenas llegan a fin de mes. Significa construir un sistema más justo: combatir la evasión, revisar privilegios fiscales injustificados y lograr que las personas con mayores ingresos y patrimonios contribuyan proporcionalmente más al financiamiento de las necesidades colectivas. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se recauda, cómo se gasta y qué resultados produce cada peso.
Una reforma fiscal, por sí sola, no resolverá los problemas del país. Debe acompañarse de crecimiento económico, inversión productiva, evaluación del gasto, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Recaudar más sin gastar mejor no basta; exigir mejores servicios sin discutir cómo financiarlos tampoco es una solución.
La suspensión temporal de nuevas incorporaciones a Jóvenes Construyendo el Futuro no demuestra una crisis general de las finanzas públicas. Sí ofrece una oportunidad para preguntarnos si las prioridades presupuestales y la estructura tributaria responden a las necesidades de México. Para Sinaloa, esa discusión tiene consecuencias concretas: caminos, infraestructura hidráulica, apoyo a las actividades productivas y oportunidades para que las nuevas generaciones encuentren futuro en su propia tierra.
La 4T dispone de capital político para abrir esta conversación. Hacerlo exige explicar quiénes contribuirían más y garantizar beneficios verificables. Posponer el debate también es una decisión, y sus costos se reflejan en obras pendientes, servicios insuficientes y oportunidades que no llegan.
Ese debate no puede reducirse a una disputa ideológica: requiere cifras, prioridades claras y acuerdos que pongan el interés público por delante.
La transformación no puede medirse únicamente por los apoyos que entrega ni por las metas que anuncia. Debe medirse por su capacidad para crear prosperidad, reducir desigualdades y sostener servicios públicos de calidad.
Porque gobernar no consiste solamente en repartir lo disponible. Consiste en generar los recursos, administrarlos con responsabilidad y distribuir sus beneficios con justicia. Una reforma fiscal postergada no resuelve la escasez: aplaza la discusión sobre cómo superarla
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