Ceci Flores, madre buscadora, no necesitó un informe oficial para encontrar a su hijo. Lo hizo ella, con sus propias manos, con la fuerza que da la desesperación y la dignidad, después de años de búsqueda sin el acompañamiento efectivo del Estado. Muchos años recorriendo el país, organizando brigadas, excavando con otras madres en terrenos que las autoridades nunca priorizaron. Al final, lo que debería ser una responsabilidad no delegable del Estado —buscar y encontrar— recayó, una vez más, en una víctima.
Ese hecho, por sí solo, debería ser suficiente para medir la dimensión de la crisis de desapariciones en México. Pero el reciente informe presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum parece ir en sentido contrario: en lugar de profundizar en la tragedia, la reinterpreta, la matiza y manipula cifras. Bajo el argumento de “depurar” el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se introduce la idea de que una parte significativa de los más de 130 mil registros podría no corresponder a personas efectivamente desaparecidas.
El problema no es reconocer fallas en el registro, sino cómo se utiliza esa imperfección, porque cuando se sugiere que decenas de miles de casos podrían no ser desapariciones activas, el efecto político es inmediato: se reduce la percepción de la crisis sin resolverla. Se mueve el foco del drama humano hacia una discusión técnica sobre bases de datos. Es una forma sofisticada de manipulación, no sólo alterando cifras, sino “reinterpretándolas”, tratando así de diluir la tragedia.
Además, hay un elemento aún más grave que el propio informe deja al descubierto: México no cuenta con un registro que cumpla con los estándares que la ley general en materia de desaparición de personas exige. No es solo un problema de números, es un problema de diseño institucional. Un registro serio debería permitir identificar, cruzar información, activar mecanismos de búsqueda y dar seguimiento puntual a cada caso. Hoy, en cambio, existen miles de registros incompletos, sin datos suficientes para iniciar siquiera una búsqueda efectiva. Un registro que no permite buscar, no es un instrumento de justicia, es un archivo de abandono.
Esta falla no es menor, es estructural y revela años de omisión, de falta de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades locales, y, sobre todo, revela una ausencia de voluntad para construir una política de Estado coherente frente a la desaparición. A esto se suma la limitada capacidad institucional. Las comisiones de búsqueda operan con recursos insuficientes, sin herramientas tecnológicas adecuadas y con una carga de casos que rebasa cualquier posibilidad de respuesta. La investigación penal, por su parte, sigue siendo la gran deuda, la mayoría de las desapariciones no se investiga y la impunidad es la regla.
En ese vacío, las familias han tenido que asumir lo que el Estado no hace. Se han convertido en buscadoras, peritas, investigadoras. Han construido mapas, identificado patrones, encontrado fosas. Han hecho, en los hechos, el trabajo que corresponde a las autoridades. Por eso, el contraste entre el informe y la realidad es tan brutal, mientras el gobierno discute la calidad del dato, las madres siguen cavando.
La pregunta de fondo no es cuántos desaparecidos “realmente” hay después de una depuración administrativa. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿por qué, después de años, el Estado sigue siendo incapaz de encontrarlos? ¿Por qué no existe un registro confiable? ¿Por qué la ley no se cumple? ¿Por qué la búsqueda recae en las víctimas?
Reducir la crisis a una discusión estadística puede ser útil para construir una narrativa política, pero no acerca un solo centímetro a las familias que siguen buscando. Porque en México, la tragedia no está sólo en las cifras, está en las ausencias y esas no se depuran, se buscan.
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