Durante semanas el gobierno federal apostó a una estrategia muy clara, la misma que han usado en muchas otras ocasiones de desacreditar, minimizar y ganar tiempo. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió una y otra vez en que no existían pruebas suficientes contra los políticos morenistas de Sinaloa señalados por Estados Unidos. La Fiscalía General de la República salió prácticamente en la misma línea. Todo parecía diseñado para transmitir la idea de que no pasaba nada, pero la realidad terminó por desmentirlos de la peor manera posible. Mientras el oficialismo repetía que no había elementos para sostener las acusaciones, los propios involucrados comenzaron a entregarse a las autoridades estadounidenses. Donald Trump ya confirmó que Estados Unidos tiene bajo su jurisdicción a dos de los políticos de Sinaloa incluidos en las solicitudes de extradición.
Esto coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum en una posición políticamente insostenible, porque aquí ya no estamos hablando solamente de acusaciones hechas por otro país, estamos hablando de personajes legalmente asesorados que, viendo el tamaño de las investigaciones en su contra, aparentemente concluyeron que su mejor opción era ponerse a disposición de las autoridades norteamericanas, y sobra decir que nadie toma una decisión así frente a expedientes vacíos.
Por eso este episodio abre una pregunta todavía más grave: ¿qué está haciendo realmente la Fiscalía General de la República? Porque si Estados Unidos logró construir casos suficientemente sólidos como para avanzar judicialmente y obtener cooperación de algunos implicados, mientras en México la FGR asegura que no existen elementos, solamente hay dos posibilidades: o la fiscalía es incapaz de investigar estructuras criminales infiltradas en el poder político o decidió actuar como instrumento de protección del régimen.
La primera opción revelaría un fracaso monumental del sistema de procuración de justicia mexicano. La segunda confirmaría algo todavía peor que es el uso político de las instituciones para garantizar impunidad. A ello se le suma una enorme incongruencia imposible de explicar: la fiscalía encontró suficientes elementos para congelar las cuentas de Rocha Moya aquí en México, pero no para atender la solicitud de extraditarlo a Estados Unidos.
Lo que estamos viendo ya no es únicamente una crisis de seguridad, sino una crisis de credibilidad institucional, y es que el problema no termina en los nombres que hoy aparecen en expedientes estadounidenses. El verdadero riesgo para Morena es que las investigaciones terminen conectando estructuras políticas, operadores electorales, financiamiento de campañas y redes de protección institucional. Ahí está el verdadero temor, por eso el gobierno parece más preocupado por desacreditar las investigaciones que por esclarecerlas. No hay voluntad visible de llegar al fondo, no vemos investigaciones agresivas, auditorías extraordinarias ni intentos reales de deslindar responsabilidades. Mientras tanto, Estados Unidos sigue buscando allegarse de más información sobre colaboradores, redes de protección, cadenas de mando y mecanismos financieros, y conforme avancen las detenciones o acuerdos, la presión política crecerá inevitablemente sobre otros actores del oficialismo.
El problema para Morena y para la presidenta Claudia Sheinbaum es que el tiempo comienza a jugar en su contra, cada entrega, cada declaración judicial y cada avance en Estados Unidos erosiona más la narrativa oficial de que “no hay pruebas”, porque las pruebas ya no solamente están en expedientes extranjeros, ahora empiezan a aparecer también en las decisiones de quienes saben exactamente lo que hicieron y entienden perfectamente lo que viene y por eso se han ido a entregar. Es decir, son sus propios aliados, funcionarios y operadores quienes terminan exhibiendo la verdad. Y como bien lo señaló el expresidente Calderón en sus redes sociales, hoy aplica perfectamente el viejo principio jurídico: a confesión de parte, relevo de prueba.
Recomendar Nota
