Desde hace unos años, Chiapas dejó de ser un territorio de tránsito para convertirse en un escenario de guerra. El punto más crítico se alcanzó entre septiembre de 2025 y abril de 2026, cuando el Cártel de Sinaloa (CDS) desplegó una ofensiva para expulsar al CJNG de municipios fronterizos como Frontera Comalapa, Chicomuselo y Motozintla. Este periodo se caracterizó por operaciones de “limpieza” que derivaron en un patrón de exterminio.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), en abril de 2026, vinculó la situación de Chiapas con tres ejes centrales. Primero, la desaparición como herramienta de control territorial: datos de Red Lupa e IMDHD muestran un incremento alarmante de casos, especialmente en Tapachula y Frontera Comalapa. La desaparición dejó de ser un acto aislado para convertirse en estrategia sistemática de terror, dirigida tanto contra rivales como contra civiles que se resisten al reclutamiento.
Segundo, la responsabilidad por omisión del Estado, particularmente de la Guardia Nacional. Reportajes de Insight Crime y Small Wars Journal, documentaron que, durante ejecuciones y desapariciones masivas, la fuerza federal adoptó una postura de no intervención. El CED advierte que esta "aquiescencia" o tolerancia estatal convierte estos actos en desapariciones forzadas bajo responsabilidad del Estado.
Tercero, existe una grave crisis forense ante el abandono de restos humanos en la Sierra Madre. Esta inacción sugiere una "Pax mafiosa", donde el Estado permite que los cárteles se eliminen entre sí. Debido a la naturaleza generalizada de los ataques contra civiles, estos hechos se clasifican como crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.
La gravedad se confirma con el aumento de 37% en desapariciones durante 2025 y la expansión del conflicto hacia la región de La Frailesca en 2026. Pese a la evidencia, el Estado mexicano ha rechazado el informe de la ONU, demostrando una falta de voluntad política para proteger a la población.
Por último, Chiapas refleja al país: de desapariciones aisladas a desapariciones sistemáticas bajo control criminal y tolerancia institucional. Al invalidar el informe por sus “métodos”, el gobierno invalida también el dolor de quienes ven en la ONU el último recurso de justicia ante la indolencia del Estado.
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