Cada vez que una acusación extranjera toca al poder mexicano, aparece el reflejo conocido: envolverse en la bandera, impostar la voz y gritar “soberanía”. La palabra sirve entonces como escudo, como coartada y como teatro. Pero la soberanía no se defiende con consignas. Se construye todos los días con instituciones capaces de gobernar, producir verdad pública y mantener la paz.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios actuales y anteriores, es gravísima. Según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar diversas drogas a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos. El documento también sostiene que algunos funcionarios habrían protegido operaciones del cártel, filtrado información sensible y permitido violencia criminal sin consecuencias. Nada de esto equivale todavía a una condena; son cargos que deberán probarse en tribunales. Pero tampoco puede despacharse el asunto con un manotazo patriótico.
La presidenta respondió que, si no hay pruebas claras, las imputaciones tienen un objetivo político, y advirtió que México no permitirá la injerencia de un gobierno extranjero. Esa defensa puede tener un punto jurídico: ningún Estado debe aceptar acusaciones externas sin evidencia, debido proceso y respeto a sus procedimientos. Pero el problema empieza cuando la soberanía se usa para tapar la pregunta central: ¿por qué México no pudo —o no quiso— producir antes una investigación creíble sobre la captura criminal de sus propias instituciones?
Además, el argumento de la soberanía se vuelve aún más frágil cuando se recuerda que este gobierno ya entregó a Estados Unidos, por una vía fuera de la norma, a decenas de presos vinculados con el crimen organizado. No mediante el procedimiento ordinario de extradición, sino mediante “traslados justificados” por razones de “seguridad nacional”.
La soberanía no es una propiedad metafísica del Estado. Es una capacidad. Un país es soberano cuando sus instituciones pueden controlar su territorio, garantizar derechos, fiscalizar al poder, proteger a periodistas, preservar la independencia judicial y perseguir delitos sin convertir la justicia en arma selectiva. Cuando esas capacidades se degradan, la soberanía queda reducida a ceremonia.
Por eso la discusión no está en Washington sino aquí. En la desaparición de órganos autónomos, incluido el Inai, el Coneval, la Cofece y otros contrapesos que servían para distribuir información, vigilancia técnica y rendición de cuentas fuera del control directo del Ejecutivo. El decreto de simplificación orgánica de 2024 extinguió siete órganos autónomos. Este dato es importante porque los contrapesos no son adornos liberales sino la infraestructura que sostiene a la soberanía.
También está la reforma judicial. México celebró en 2025 la primera elección de cargos del Poder Judicial de la Federación mediante voto popular, en un proceso que el propio INE presentó como inédito. La elección popular de jueces puede venderse como democratización, pero en los hechos convirtió la justicia en territorio de movilización partidista, dinero, clientelas y presiones locales.
La soberanía también se mide por el respeto que un Estado inspira fuera de sus fronteras. La prensa internacional está leyendo a México como un país donde el gobierno está infiltrado por el narcotráfico. El problema no es la acusación sino la percepción global de que sea plausible; así, el costo reputacional es enorme.
El punto crítico no está en la acusación. Cuando se debilitan los contrapesos, se desmantelan órganos de vigilancia, se politiza la justicia, se mantiene un doble rasero judicial y se tolera la penetración criminal del poder, el Estado entrega desde dentro aquello que luego dice defender hacia fuera.
Recomendar Nota
