¿Narcodictadura? La revelación -a escala global- del ejercicio del poder del Estado por el narco en zonas vitales del territorio nacional ha llevado al régimen a cerrar apresuradamente el círculo de hierro de la dictadura con máscara electoral. Con sus nuevas iniciativas avanza a afirmar la impunidad de la penetración del crimen organizado en los mandos regionales, con lazos con el poder centralizado, real y formal. Y así el régimen remarcará sus rasgos inequívocos de una dictadura protectora de altos personajes del narco y el huachicol, en los términos de la agenda legislativa de la convocatoria a un periodo extraordinario del Congreso, a iniciarse este mismo martes.
Represión. En efecto, a la exhibición de evidencias poderosas de una irrefutable fusión de cárteles del crimen con el poder político, el régimen responde, por un lado, con una iniciativa de reformas que, con el disfraz de prevenir la infiltración del crimen en las campañas, en realidad le permitiría al órgano electoral (bajo su dominio) exonerar a narcopolíticos y huachicoleros de su partido y fabricar supuestos vínculos de candidatos de la oposición con organizaciones criminales. El propósito sería desacreditarla, someterla en las urnas y, llegado el caso, reprimirla.
Brutal ambigüedad. Por otra parte, el periodo extraordinario se dispone a procesar -a través de sus espurias megamayorías- otra reforma, de jerarquía constitucional, que facultaría al Tribunal Electoral (bajo sus órdenes) a anular elecciones que, a pesar de tanta adversidad, llegara a ganar la oposición. La redacción es tan brutalmente ambigua que le permitiría a la mayoría de los magistrados del tribunal ‘interpretar’, de rodillas, como ‘intervención extranjera’ alguno de los frecuentes reportajes de los medios internacionales que exhiben las capas delincuenciales del régimen. O un reporte del Congreso estadounidense crítico a personajes impresentables, o de oenegés internacionales. El juego: eliminar toda resistencia.
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