El 1 de julio ocurrió lo que el propio T-MEC tenía previsto que podía ocurrir: en la primera revisión conjunta del Artículo 34.7, Estados Unidos no confirmó la extensión del tratado por 16 años adicionales. México y Canadá sí lo hicieron. La consecuencia jurídica es una sola: el tratado, que sigue vigente e íntegro hasta el 1 de julio de 2036, se revisará ahora cada año, y en cualquiera de esas revisiones —o entre ellas— las tres partes pueden todavía confirmar la extensión hasta 2042.
Conviene decirlo con todas sus letras, porque la conversación pública amaneció torcida: no “se acabó” el T-MEC ni Estados Unidos “se salió”. No hubo denuncia, no hubo enmienda, no se suspendió disciplina alguna; los aranceles preferenciales siguen en cero para los bienes que cumplen las reglas de origen. Lo que hizo Washington fue negarse a desactivar el reloj que él mismo instaló en 2018. Bajo el TLCAN, el statu quo era la permanencia: si nadie hacía nada, el tratado seguía para siempre. Bajo el T-MEC, el statu quo es la extinción programada: si nadie hace nada, el tratado muere en 2036. Esa inversión de la inercia fue el precio que México y Canadá pagaron por cerrar la negociación de 2018. Hoy llegó la factura.
La pregunta que importa no es si el tratado sigue —sigue—, sino qué puede cambiar sin cambiar el articulado. Un tratado comercial moderno opera en tres capas, y solo la primera está congelada. La primera es el texto: aranceles, umbrales de contenido regional, disciplinas de cada capítulo.
Modificarla exige cambios con la firma de México; ahí tenemos veto absoluto, y por eso ahí no ocurrirá la batalla. La segunda capa es la letra chica trilateral: las Reglamentaciones Uniformes y las interpretaciones vinculantes de la Comisión de Libre Comercio, que los tres ejecutivos pueden modificar sin pasar por ningún congreso. Ahí vive, por ejemplo, la metodología con la que se calcula el contenido regional automotriz —el famoso “roll-up” que México y Canadá ganaron en un panel en 2022 y que Estados Unidos no ha acatado—: el mismo 75% escrito en el tratado produce reglas de origen materialmente distintas según cómo se calcule. La tercera capa es la práctica: con qué rigor verifica origen la aduana estadounidense, con qué frecuencia se activa el mecanismo laboral, si se cumplen o no los fallos de los páneles. Esa capa se mueve unilateralmente, sin acuerdo de nadie.
La revisión anual es el mercado donde esas dos capas móviles se negociarán cada año, con el vencimiento de 2036 como telón de fondo. Estados Unidos convirtió un activo que entregaba gratis cada 16 años —la certidumbre— en una mercancía que se cobra anualmente.
Vamos ahora a la consecuencia económica: ¿se inhibe la inversión? La consecuencia económica es directa sobre el flujo de capital. La teoría económica del valor de opción indica que ante inversiones irreversibles e incertidumbre, esperar tiene un valor real: posponer la inversión a cambio de mejor información futura se vuelve la opción racional. Una revisión de frecuencia anual institucionaliza la postergación.
Este desajuste de horizontes temporales afecta de manera diferenciada a cada sector. La industria automotriz, cuyas plantas se amortizan en más de veinte años, enfrenta ahora una certidumbre de acceso al mercado que se renueva cada doce meses. Al concentrar reglas complejas y requerir plazos largos, es el sector donde más valor adquiere la espera y, por ende, donde más proyectos se detendrán. El acero disputa el alivio de los aranceles de la Sección 232, mientras que la agroindustria, con ciclos más cortos, resiente menos el impacto.
Los datos económicos ya reflejan esta dinámica en la composición de la Inversión Extranjera Directa (IED). Aunque el primer trimestre registre cifras elevadas, el 94.2% corresponde a reinversión de utilidades de empresas ya operativas, mientras que las nuevas inversiones representan apenas el 7.2% del total. La teoría se confirma: quien ya hundió capital mantiene su posición; quien debe decidir sobre una planta nueva, aguarda.
Frente a esto, la regla de negociación para México debe ser contundente: no pagar lo permanente con lo revocable. Modificaciones metodológicas cedidas en la letra chica técnica tienen efectos permanentes; los alivios arancelarios temporales que se obtengan a cambio pueden revocarse por decreto la semana siguiente. Cualquier concesión técnica debe condicionarse estrictamente a la extensión formal del tratado. Mientras tanto, la defensa del premio de localización mexicano no se ganará en Washington, sino resolviendo las asignaturas internas: energía competitiva y limpia, Estado de derecho e infraestructura. El articulado quedó intacto; el tratado, en movimiento. Quien controla la letra chica controla el tratado, y la tarea de México es no descubrirlo tarde y tener un marco institucional que haga atractivo al país.
Recomendar Nota
